El gobierno dominicano expresó el sábado su inconformidad con el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consideró que las autoridades de la isla realizan una "privación arbitraria de la nacionalidad" de forma discriminatoria contra miles de descendientes de haitianos.

El informe del organismo multilateral, dado a conocer el viernes tras una visita de cinco días, "muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral" de la realidad dominicana, dijo la Cancillería en un comunicado.

El presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, explicó que ese organismo recibió esta semana 3.994 testimonios y denuncias de personas de diferentes partes de República Dominicana afectadas por un reciente fallo del tribunal constitucional que "priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apatridia", así como de aquellas a quienes el registro civil les ha negado sus documentos desde el 2007 debido a su ascendencia haitiana.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a retener los documentos de identidad de los descendientes de inmigrantes del vecino Haití con el argumento de que habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.

El tribunal constitucional validó el 23 de septiembre pasado en una sentencia inapelable las acciones de la Junta Central y ordenó realizar una lista de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anular mediante procesos judiciales la nacionalidad de aquellos cuyos padres no tenían residencia legal.

Diferentes organismos de derechos humanos estiman, a partir de una reciente encuesta de Naciones Unidas, que cerca de 250.000 personas, en su gran mayoría descendientes de haitianos, podrían ser desnacionalizados.

"El gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal" constitucional, insistió la Cancillería en su respuesta a la Comisión Interamericana.

Recordó que además de poner en marcha el 29 de noviembre un plan de regularización de inmigrantes sin permiso de residencia, el gobierno diseña una ley especial para naturalizar como dominicanos a los miles de afectados por la decisión del tribunal constitucional.

Orozco, de la Comisión Interamericana, consideró que esa ley de naturalización "podría no ser acorde con el derecho internacional", ya que implicaría que el afectado se vea obligado a asumir una nacionalidad distinta. "No se puede exigir eso a personas que previamente ya eran consideradas dominicanas".

La Comisión también destacó las condiciones de marginalidad y pobreza de los afectados por el tribunal y la discriminación y racismo estructurales que persisten en el país.

La existencia de casos particulares de racismo "si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse", estimó la Cancillería. Por ello manifestó su "decepción por lo que consideramos una visión parcial de la realidad que vive nuestro país por parte de la Comisión".