El gobierno argentino está en alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos saqueos a supermercados y comercios, como los ocurridos el martes en la provincia de Córdoba, y denunció el jueves que existen móviles políticos detrás de estas acciones violentas.

En los últimos días se han producido robos masivos de mercadería en supermercados y comercios de Córdoba, a 700 kilómetros al noroeste de la capital argentina, y también en la provincia de Buenos Aires, con un saldo de tres muertos y cientos de detenidos.

Estos hechos de violencia no están motivados por necesidad sino que se producen "deliberadamente, por móviles políticos o no políticos anclados en acciones delictivas", dijo el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, el jueves en conferencia de prensa.

Capitanich apuntó contra "grupos determinados con antecedentes judiciales" que tienen por objetivo "provocar daño y/o delito", pero no dio más precisiones.

El gobierno ha dispuesto un despliegue preventivo de fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, y en el resto de los distritos.

Dos personas murieron durante la ola de violencia que estalló el martes en Córdoba en coincidencia con una huelga de policías en reclamo de mejores salarios. Delincuentes arrasaron con supermercados y comercios de distintos rubros, desde venta de artículos de niños y vestimenta hasta motocicletas.

En tanto que un grupo de 50 personas intentaron saquear en la madrugada del miércoles un supermercado en la localidad bonaerense de Glew, 30 kilómetros al sur de Buenos Aires. El dueño, un ciudadano chino, intentó resistirse a tiros y murió por el incendio del comercio provocado por los atacantes.

También se produjo un intento de atraco en la madrugada del jueves a una cadena de venta mayorista en Bariloche, en la provincia de Río Negro --900 kilómetros al sur de Buenos Aires-- pero los saqueadores fueron dispersados por la policía local.

Las imágenes de los saqueos retrotraen a los estallidos sociales de 1989 y 2001 en Argentina. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández y líderes opositores coinciden que el contexto actual es diferente y que los hechos de los últimos días tienen trasfondo político o de inseguridad.

Hechos similares se produjeron para esta misma época en 2012, que las autoridades también atribuyeron a delincuentes más que a problemas sociales.

Capitanich dijo que está en contacto con gobernadores de todo el país y que conjuntamente se hace "un seguimiento sistemático y un monitoreo de hechos que pueden perjudicar la vida y el patrimonio de los argentinos".