La ONU pidió a la República Dominicana el jueves que restituya rápidamente la nacionalidad a individuos afectados por un reciente fallo judicial que privaría de su ciudadanía a decenas de miles de personas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) dijo que el derecho internacional obliga a las autoridades dominicanas a devolver automáticamente la nacionalidad a individuos afectados por el fallo. La gente interesada también debe contar con un medio sencillo para obtener documentos de identidad.

En una nota fechada en Ginebra, el ACNUR instó el jueves al gobierno dominicano "a tomar rápidamente los pasos para restablecer la nacionalidad" de los afectados por el fallo del tribunal, "que privó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad, dejándolos apátridas".

El gobierno dominicano ha insistido que los afectados por el tribunal no quedarán apátridas porque la constitución de Haití otorga la nacionalidad de ese país a los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.

El presidente dominicano, Danilo Medina, firmó el fin de semana un plan para regular en un periodo de 18 meses a los inmigrantes sin residencia y en el que anuncia la creación de un "proceso especial" para naturalizar como dominicanos a los afectados por la desnacionalización.

El tribunal constitucional ordenó el 23 de septiembre hacer un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anular mediante juicios individuales la nacionalidad de aquellos cuyos padres no eran residentes legales, como los miles de inmigrantes del vecino Haití que durante del siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron a sus familias.

Dominicana puso en marcha el sábado un plan para ejecutar la decisión de la corte. Los afectados por el fallo tienen 18 meses de plazo para pedir la ciudadanía dominicana, a partir de junio de 2014.

Los defensores de los afectados dicen que unas 200.000 personas, muchas descendientes de haitianos, perderían la ciudadanía. El gobierno sostiene que los afectados no superan los 24.000.

En Santo Domingo, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron el jueves con el presidente Medina luego de recibir testimonios de personas que perderán la nacionalidad debido al fallo del tribunal constitucional.

En el encuentro, los delegados compartieron con Medina "las impresiones surgidas" de sus reuniones con representantes de diferentes sectores, informó la presidencia en un comunicado.

La Comisión Interamericana estableció desde el lunes su sede temporal durante cinco días en Santo Domingo para realizar un informe sobre el impacto de la sentencia del tribunal constitucional que ordena anular la nacionalidad a miles de hijos de extranjeros nacidos en el país desde 1929, la mayoría de ellos de origen haitiano.

La visita a República Dominicana "ha sido impactante", había dicho el miércoles Felipe González, relator de inmigrantes y apátridas de la Comisión, al recordar que ese organismo puede dictar medidas cautelares.

César Pina, consultor jurídico de la Presidencia, explicó que el gobierno invitó a los miembros de la Comisión, convencido de que en el país no se violan los derechos humanos.

Durante su estancia en República Dominicana, los miembros del organismo internacional instalaron varias mesas en diferentes puntos del país a donde acudieron miles de personas, desde ancianos a menores de edad, que perderán la nacionalidad por ser descendientes de inmigrantes haitianos que no tenían residencia legal en el país.

Los miembros del organismo multilateral también se reunieron con congresistas, funcionarios del registro civil, de la cancillería, migración y representantes de la sociedad civil. Además solicitaron un encuentro con los jueces del tribunal constitucional, pero el presidente de esa institución rechazó recibirlos.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, informó el mes pasado que el número de afectado sería de unos 24.000.

"Es irrelevante si el número total es uno, 14.000, 45.000 o cientos de miles de personas. La decisión del Tribunal Constitucional representa una violación masiva y sin precedentes del derecho a la nacionalidad", afirmó el jueves en un comunicado el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, con sede en Washington.