Un juez dijo el jueves que necesita mayor tiempo e información en el caso de un grupo de jóvenes que fueron traídos de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños y quieren que el sistema universitario estatal de Georgia les conceda la matrícula reducida que tienen los residentes del estado.

Una treintena de jóvenes inmigrantes han recibido el permiso de residencia temporario bajo una norma del gobierno vigente desde el año pasado.

En agosto iniciaron una demanda para que el consejo directivo de la universidad les otorgue la matrícula reducida.

El juez Mark Anthony Scott, del condado de DeKalb, escuchó argumentos sobre el pedido del estado de trasladar el caso a otra corte donde se encuentra el Consejo de Rectores.

Scott dijo que los argumentos eran complejos y pidió mayor información a los abogados de las partes para pronunciarse en 60 días. Charles Kuck, abogado de los jóvenes migrantes, sostuvo que la junta puede ser demandada en cualquier condado donde tenga una escuela.

La Junta de rectores ha dicho en varias ocasiones que no hace comentarios sobre litigios en curso. El sistema universitario de Georgia establece que cualquier estudiante que solicite la acreditación de residencia para recibir ayuda para educación debe demostrar que tiene "presencia legal" en Estados Unidos. Los rectores han dicho que los estudiantes con permiso temporal para estar en el país bajo el nuevo programa conocido como acción diferida de deportación no cumplen ese requisito pero la política de los rectores no define qué es la "presencial legal" señala la demanda.

El programa permite que jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos y carecen de residencia legal reciban permisos de trabajo de dos años si cumplen con ciertos requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional considera que las personas que las personas que han sido aceptadas por el programa tienen presencia legal de acuerdo con una hoja informativa que se encuentra en el cibersitio de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.

Un grupo superior a 20 personas se reunió frente a la corte antes de que comenzara la audiencia y dio una conferencia de prensa.

Miguel Ángel Martínez Olvera, de 19 años, quien llegó a Estados Unidos a los tres, es uno de los demandantes y quiere asistir a una de las escuelas técnicas del estado para ser paramédico o enfermero pero no puede pagar la cuota que se aplica a quienes no residen en el estado.

"Estamos aquí para hacer una contribución a este país", dijo.

Raymond Partolan, quien nació en Filipinas, llegó legalmente a Estados Unidos cuando tenía un año. Su padre tenía una visa de trabajador especializado y él y su madre tenían visas de dependientes económicos pero la familia perdió el estatus de residentes cuando él estaba en quinto grado porque su padre no pudo acreditar un examen de competencias de inglés, dijo.

El joven estudia ciencia política y español en la Universidad Mercer, una institución privada que le dio una beca completa pero dijo que es importante para él luchar por cuotas de residentes para otros jóvenes de la comunidad inmigrante que no han sido tan afortunados como él.