La fundación ambientalista Pachamama acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la decisión del gobierno ecuatoriano que ordenó su clausura, anunció el jueves Belén Páez, presidenta de esa organización no gubernamental.

En entrevista con AP, Páez destacó que la clausura "es un acto arbitrario del gobierno".

"Consideramos que es un acto violento, no tuvimos notificación previa, fue un operativo con 15 personas fuera de lo normal. Estamos muy preocupados porque esa no fue la manera de notificar a una organización legalmente constituida que será clausurada", añadió.

"Vamos a litigar a nivel nacional donde vamos a pedir acciones de protección y vamos a preparar acciones de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", aseguró.

Pachamama fue clausurada el miércoles por el gobierno ecuatoriano, después que el presidente Rafael Correa acusara el sábado a ambientalistas de intento de agresión al embajador chileno Juan Carlos Lira y al empresario bielorruso Andrei Nikonkov, tras asistir ambos al ministerio del ramo a la presentación de ofertas para la explotación de petróleo en una sector de la amazonia.

Páez, argumentó que "lo que le enoja al presidente Correa es que nosotros estamos al frente, en la trinchera de un tema muy conflictivo para el desarrollo económico de este país, nos oponemos a la expansión de la frontera petrolera en la amazonia como quiere el presidente".

Ecuador ofreció la semana pasada 13 bloques en la amazonia sureste del país, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago fronterizas con Perú, las que recibieron cuatro ofertas, a pesar de ellos el gobierno calificó como exitoso al proceso.

"Nos cierran porque nos oponemos a la extracción petrolera donde ahora viven pueblos en aislamiento voluntario y porque no se ha realizado ninguna consulta previa a la explotación petrolera al resto de poblaciones indígenas que viven allí, como manda la ley", señaló Páez.

Aclaró que Pachamama no aprueba ningún tipo de violencia y pidió a que se disculpen públicamente quienes agredieron a Lira y Nikonkov.

Añadió que en esa fundación, que labora desde hace 16 años en el país, trabajan ocho personas, la mayor parte cumpliendo tareas en las comunidades, que tiene un presupuesto anual de 800.000 dólares provenientes de Holanda, Alemania, Finlandia, Noruega, Italia y Bélgica, y de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, además de organizaciones de Estados Unidos que tienen relación con la conservación de bosques tropicales

El Ministerio del Interior anunció la clausura a través de su cuenta Twitter en que dijo que se realizaba un "operativo para dejar disueltas ONG's vinculadas en agresiones recientes".

Explicó que la decisión se produjo por "desviación de los fines y objetivos estatutarios e injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna y paz pública".