El Consejo de Estado condenó a la Nación colombiana al pago de más de un millón de dólares a parientes de siete hombres dados por desaparecidos luego de ser interceptados por paramilitares en una zona del noroeste del país en 1996, informó el tribunal el miércoles.

El informe del Consejo indica que "condenan a la Nación a pagar más de dos mil millones de pesos por la desaparición de siete personas en Antioquia", según la resolución del organismo, una de las cuatro altas cortes de la justicia colombiana.

El Consejo de Estado dispuso que el pago de 2.000 millones de pesos (unos 1,05 millón de dólares) lo haga el Ministerio de la Defensa y el Ejército y porque consideró que "hubo una omisión por parte del Ejército al no evitar la desaparición de los siete hombres, teniendo en cuenta que la situación que se vivía en la zona obligaba a las autoridades a adoptar medidas para proteger a la población del accionar de grupos ilegales".

El fallo le ordena también a la Nación investigar los hechos que "generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables. Además, se debe desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas", añadió el Consejo de Estado en un comunicado divulgado en un correo electrónico.

La condena se refiere al caso de siete hombres que el 14 de agosto de 1996 iban en carro entre los municipios de Puerto Berrío y San Roque, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, cuando fueron interceptados por hombres armados del "grupo de vigilancia privada denominado Convivir Guacamayas, que también actuaba como grupo paramilitar y de limpieza social en varios municipios del departamento de Antioquia, sin que hasta el día de hoy se conozca qué pasó con estas personas", indicó el Consejo.

Informes elaborados por la Fiscalía General señalan que ese grupo armado ilegal "atentaba contra los habitantes que 'generaban sospechas' de pertenecer a las guerrillas o de ser informantes de las mismas, lo cual llevó a que se cometieran muchos crímenes", recordó la alta corte, cuyos fallos son inapelables.

Aunque el Ejército replicó a la demanda en el Consejo de Estado, instaurada por los familiares de cada una de las víctimas, argumentando que en este caso la responsabilidad fue del grupo armado ilegal y que en los hechos no intervinieron actores de la fuerza pública, la alta corte desestimó ese argumento y ratificó que su deber era proteger a la población.

El Consejo de Estado ha impuesto decenas de millonarias condenas, principalmente al Ministerio de Defensa, por casos que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta daños en cultivos en fincas de campesinos por asperjar herbicidas con el propósito de erradicar cultivos ilícitos de coca.