El Senado mexicano aprobó la reforma política más ambiciosa en varios decenios, incluidas propuestas generales que permiten la relección de todos los funcionarios, contemplan la supervisión de los institutos electorales de cada estado por funcionarios federales e independiza la Procuraduría General de la República del poder ejecutivo.

El Senado aprobó el proyecto de ley de la reforma general a últimas horas del martes, pero seguía debatiendo ciertos detalles a primeras horas del miércoles. La reforma todavía debe ser aprobada en la Cámara de Diputados.

La propuesta todavía limita el período presidencial a seis años, pero hace menos estricta la prohibición de la reelección por parte de otros funcionarios al permitirles volver a postularse al cargo y permanecer en él un máximo de 12 años. La medida también permite que los candidatos independientes se postulen a cargos públicos.

Permitir la reelección de legisladores y alcaldes daría a los jefes partidistas menos control sobre el futuro de los políticos y permitir que los candidatos independientes se postulen erosiona el control de los partidos sobre las elecciones, según partidarios de la reforma. Según la propuesta del Senado, la reelección comenzaría en 2018.

El proyecto de ley también autoriza al Instituto Federal Electoral (IFE) de México, que cambiará de nombre a Instituto Nacional Electoral, a nombrar al presidente y los miembros de cada uno de los institutos electorales de los 32 estados del país. En este momento esos funcionarios son nombrados por las legislaturas estatales.

La mayoría de los 32 estados del país están gobernados por miembros del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los líderes de la oposición dicen que los gobernadores tienen mucha influencia en las legislaturas estatales.

Los senadores también aprobaron dar autonomía a la Procuraduría General de la República y exigir que el Senado apruebe los candidatos a procurador general que proponga el presidente.

El plan también contempla exigir que los partidos pequeños consigan por lo menos 3% de los votos para poder recibir fondos públicos, en comparación con 2% en este momento.

Con la votación del martes, el Senado pasará a debatir la reforma del sector energético, que contempla abrir la moribunda industria petrolera estatal a mayor inversión privada, que se considera la parte más importante del paquete de reformas que el presidente Enrique Pena Nieto presiona para que se apruebe antes de finales de este año.