La situación judicial del vicepresidente Amado Boudou en una causa que se le sigue por presunto tráfico de influencias parecía complicarse el martes tras el testimonio de un empresario que lo involucró en las negociaciones para que una compañía encargada de la impresión de billetes quedara bajo control de un fondo de inversión cuyos accionistas tendrían vinculación con el funcionario.

La justicia busca determinar si Boudou usó sus atribuciones para ayudar a que el fondo The Old Fund levantara de la quiebra a la impresora Ciccone Calcográfica con un ventajoso plan de moratoria ante el fisco y luego favorecerla con contratos con el Estado.

El empresario Guillermo Reinwick, yerno de uno de los fundadores de la imprenta Ciccone, declaró ante el juez federal Ariel Lijo que Boudou participó de las negociaciones para que Ciccone cediera su mayoría accionaria a The Old Fund a cambio de poco más de medio millón de dólares de dudosa procedencia.

Tras conocer el testimonio del empresario, el juez Lijo pidió al ministerio de Justicia que el testigo y su familia sean incorporados al programa de Protección de Testigos. En tanto que Diego Pirota, abogado del vicepresidente, adelantó que el miércoles denunciará a Reinwick por "falso testimonio".

Una de las líneas de la investigación busca determinar si The Old Fund es propiedad de un testaferro de Boudou, quien habría participado de estas supuestas negociaciones como ministro de Economía antes de que la presidenta Cristina Fernández lo eligiera compañero de fórmula para las elecciones de 2011, en las que fue reelegida.

Esta semana se espera el testimonio de Ricardo Etchegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien --a pedido de Boudou-- autorizó un plan de pagos para que Ciccone liquidara una deuda impositiva de más de 50 millones de dólares en un plazo de 12 años con intereses mensuales de 0,5%, muy por debajo de los índices de inflación.

En sus contadas declaraciones públicas sobre el caso, Boudou ha refutado las acusaciones.