FARC y gobierno colombiano reanudan diálogo de paz

El gobierno colombiano ratificó el domingo que no pactará un cese al fuego antes de llegar a un acuerdo final de paz y que retoman las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en busca de un acuerdo sobre la participación política de la guerrilla.

"Reiniciamos hoy un nuevo ciclo destinado a impulsar acuerdos sobre la participación de la guerrilla desarmada en la política" expresó Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano a las conversaciones de paz.

En un comunicado que leyó a periodistas, De La Calle explicó la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de "no pactar un cese al fuego, salvo naturalmente a la finalización del conflicto, cuando lleguemos a un acuerdo, obedece a varias razones: lo que queremos es terminar la guerra, no prolongarla... estas conversaciones, tal como lo señaló el Presidente Santos esta semana, se dan en medio del conflicto. No hay cese al fuego".

Las delegaciones del gobierno de Santos y las FARC abrieron un nuevo ciclo de los diálogos de paz que adelantan en La Habana desde noviembre del año pasado. El 9 de julio cerraron un ciclo de charlas durante el que debatieron el punto sobre la participación política sin llegar a un acuerdo concreto.

El jefe de la delegación del gobierno de Santos insistió en recordar que el diálogo de La Habana "no es un proceso de conversaciones para que las FARC hagan política, sino uno para pactar el fin del conflicto. Si pactamos un acuerdo final, podrán hacer política, sin armas, en democracia, una vez se hayan desmovilizado".

Ambas partes discuten sobre una agenda inicialmente pactada que incluye seis puntos. El primero concluyó con un acuerdo agrario después de seis meses de conversaciones.

De la Calle precisó que con ese acuerdo el gobierno se comprometió en que "será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia".

Las FARC por su lado arremetieron contra la situación en los campos colombianos y la política seguida por el gobierno de Santos frente a las protestas que duran desde hace 46 días.

"De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento" expresó Andrés París, miembro de la delegación de las FARC a los diálogo de paz.

En un comunicado leído antes de entrar a una sesión de trabajo, París señaló "como se deduce del tratamiento infame que se le está dando a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, al gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino los sacrosantos derechos del capital".

"El optimismo de los colombianos en la posibilidad real de lograr la reconciliación nacional... no puede ser atropellado por quienes, mientras lanzan al mundo discursos de paz, persisten en mantener y profundizar las causas de la confrontación, una de las cuales es sin duda el problema de la tenencia y uso de la tierra" agregó París.

Según los rebeldes, el gobierno de Santos "está obligado a defender la diafanidad de su compromiso con la paz propiciando que se devuelvan urgentemente las tierras acaparadas, como los subsidios y exenciones tributarias que fluyeron también hacia estos timadores".

De La Calle aseguró que con el acuerdo sobre la tierra pactado con las FARC en el dialogo de paz, el gobierno colombiano se comprometió en "transformar la realidad de nuestro campo una vez pactemos el fin de la guerra... crear beneficios concretos para el progreso de nuestros campesinos y empresarios del agro... llevar la presencia del Estado y todas sus instituciones a las áreas rurales... responderles a los desplazados y a los que han sufrido el despojo de sus tierras".

Mientras, el emisario gubernamental explicó que en las conversaciones sobre el tema de la participación política, "se trata de crear las condiciones y ofrecer las garantías necesarias para que las FARC se transformen en una organización política legal y puedan ejercer la oposición desde la democracia".

Sin embargo, agregó que "las conversaciones deben generar obligaciones para ambas partes. No se trata solo de que el Estado otorgue garantías. También corresponde a las FARC brindarlas".

Auspiciadas por Cuba y Noruega como países garantes y Venezuela y Chile como acompañantes, las conversaciones podrían ser la oportunidad de Colombia para poner fin a un conflicto de cinco décadas que dejó miles de víctimas.

Creadas a mediados de los 60, las FARC son la fuerza insurgente más antigua activa en América Latina y según observadores tienen unos 9.000 hombres en armas.