Cafeteros colombianos se reunirán con el gobierno

Representantes del sector cafetero colombiano prevén reunirse el martes con delegados del presidente Juan Manuel Santos para hablar sobre los acuerdos de subsidios incumplidos por el gobierno y advierten están dispuestos a ir a un paro indefinido.

Asimismo, representantes del sector minero ratificaron el inicio de un paro indefinido.

Guillermo Gaviria Osorno, uno de los voceros del movimiento cafetero, que reúne 560.000 familias cultivadoras del grano en todo el país, dijo que el gobierno se había comprometido a darles un subsidio de 145.000 pesos (unos 80 dólares) por cada "carga" de café, de 125 kilos, que es la unidad básica de venta del grano en Colombia. No obstante, según Gaviria esa asistencia no ha llegado a todos los productores cafeteros.

"Si el gobierno nos cumple el acuerdo" pactado el 8 de marzo "los cafeteros no tendríamos por qué ir a paro", dijo vía telefónica Gaviria, quien tiene una finca cafetera de 50 hectáreas en el municipio de Heliconia, en el departamento de Antioquia y a unos 258 kilómetros al noroeste de esta capital.

Por su parte el gobierno ratificó que los recursos prometidos a los cafeteros para este año, que ascienden a 900.000 millones de pesos (475,4 millones de dólares) ya están en el presupuesto, y que el problema puede ser de "operatividad" o burocracia en su desembolso, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

"Seguramente los cafeteros tendrán que movilizarse porque los están quebrando", dijo por teléfono Óscar Gutiérrez, del Movimiento Dignidad Cafetera, surgido entre los cultivadores a raíz de la paralización registrada a principios de año. No obstante, advirtió que "habrá que esperar qué pasa" en la reunión del miércoles.

Por otro lado, el gremio de los mineros artesanales o informales ratificó que comenzará un paro indefinido a partir del miércoles para exigir que el gobierno derogue un decreto de octubre de 2012 que permite la destrucción de maquinaria de exploración o explotación de minerales sin autorizaciones y exigencias legales.

Luz Stela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros, dijo vía telefónica que los pequeños mineros desean cumplir con todas las normas y operar con licencias, pero que lo primero es que dejen de "criminalizar" al sector con operativos policiales en los que se les decomisa y destruye los equipos.

El gremio agrupa a cuando menos dos millones de familias en todo el país y que trabajan desde oro hasta carbón y arena.

Además de las protestas de los cafeteros y los mineros, el gobierno encara un conflicto con los campesinos del noreste del país, en paro desde hace un mes.

El martes los campesinos de la zona del Catatumbo rechazaron la demanda oficial de levantar un bloqueo de carretera como condición para discutir sus exigencias. La ruptura de los acercamientos con los voceros campesinos de la zona es la tercera desde el inicio del bloqueo el 11 de junio.

Los campesinos quieren que el gobierno detenga la destrucción de cultivos de coca y declare la región como una "zona de reserva campesina", una figura legal que data de 1994 y que permite la producción en forma de cooperativa y desembolsos estatales de dinero para una región específica.

El gobierno parece estarse quedando sin delegados negociadores, ya que la reunión de la víspera fue con su mejor carta hasta ahora: el vicepresidente Angelino Garzón, un veterano ex sindicalista que en el pasado ha logrado detener protestas de gremios como el de los camioneros.

Edgar Díaz, gobernador de Norte de Santander, donde se ubican los siete municipios que integran la región del Catatumbo, dijo el martes vía telefónica que la situación es preocupante porque ya va más de un mes de bloqueo vial en Tibú, un poblado de unos 40.000 habitantes en el corazón del Catatumbo donde se han congregado al menos 6.000 campesinos.

Hay que "buscar una salida para que no haya confrontación", declaró el gobernador.

El gobernador descartó la iniciativa presentada el martes por el vicepresidente Garzón de hacer una consulta popular en Tibú para decidir por mayoría si se levantaba o no el bloqueo vial, ya que consideró que retardaría mucho una solución a la protesta.