OEA apoya municipios salvadoreños sin violencia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó el viernes su respaldo político al trabajo de los municipios libres de violencia, como parte de un proceso de pacificación que afirmó está dando resultados, y el más notable es la reducción de los homicidios.

El jueves, al llegar al país, Insulza se reunió en privado con el presidente Mauricio Funes y miembros del gabinete de Seguridad Pública, a quienes les reiteró su respaldo al proceso de pacificación que inició con la tregua entre las pandillas.

Luego sostuvo una reunión de trabajo con representantes de fundaciones privadas, mediadores de la tregua entre pandillas, y los alcaldes de los 11 municipios declarados libres de violencia, quienes le entregaron un documento en el que le piden los acompañe en el proceso, y detallan los planes a ejecutar de manera conjunta en todos los municipios para asegurar que junto a la tregua se logren otros resultados a corto y largo plazo.

Insualza revelo que en la reunión con los alcaldes, "me han explicado cuáles han sido las barreras a las que han tenido que enfrentar, y la OEA respalda enérgicamente este proceso de paz en El Salvador".

"La Organización de Estados Americanos apoya de manera inequívoca y firme el trabajo de los municipios libres de violencia, (y) hará todo lo necesario, lo que esté de su parte para que sea respaldo político se mantenga, se fortalezca", agregó.

El proceso de pacificación en El Salvador inició el 9 de marzo de 2012, cuando se registraban 14 homicidios diarios, y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron una tregua para reducir la violencia, incluido el acuerdo de no disputarse territorios.

Luego las pandillas se unieron a la iniciativa para ampliar la tregua y crear "zonas de paz" o "municipios libres de violencia", donde se espera no se cometa ningún delito.

Insulza, que evitó entrar en la polémica que se vive en el país por la tregua entre las pandillas, la que el fiscal general de la república, Luis Martínez, ha calificado como "hipócrita", afirmó que "las cosas van caminando, pero este es un proceso, (y) los procesos tienen altibajos, pero este si tiene resultados".

Señaló que "basta comparar la cantidad de muertos desde que se inició la tregua y la cantidad de muerto que había antes. Por lo menos hay varios miles de familias de salvadoreños que no tienen que lamentar la muerte de alguien en estos meses".

Insulza llamó al gobierno y los diferentes sectores de la sociedad a que apoyen los esfuerzos en los municipios libres de violencia, ya que según dijo, "la violencia se da en territorios, se da en los pueblos donde están los sectores más excluidos de la sociedad, y es allí donde se han producido ya reducciones sustantivas del número de homicidios".

También expresó su beneplácito que en los 11 municipios declarados libres de violencia, "son municipios gobernador por distintas corrientes políticas", en su mayoría de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y algunos del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, el primer municipio declarado libre de violencia, dijo que el fenómeno de las maras o pandillas, "es un problema que ya no se puede ocultar, (porque) es un problema social que involucra la muerte de muchos salvadoreños".

Ruano, del partido Arena, llamó al gobierno del presidente Funes a involucrarse decididamente en el proceso, proporcionado los recursos necesarios "para ir poco a poco reinsertando aquellos jóvenes que quieren involucrarse en la vida del país", abandonado las actividades delictivas.

En El Salvador, las pandillas que mantienen presencia en populosos barrios del país están integradas por más de 60.000 jóvenes y adolescentes y según cifras policiales, más de 10.000 están presos.

Según cifras oficiales del ministerio de Justicia y Seguridad, sacadas de un censo elaborado en 184 de los 262 municipios del país, se estima que los miembros de pandillas y sus familias llegarían a 470.242 personas. Casi el 10% de la población, tiene relación con las pandillas o vive de las pandillas.