Miami: Acusados empresarios por estafa a hispanos

Dos empresarios hispanos fueron acusados de manejar varias compañías que utilizaban operadores telefónicos en Argentina para extraer dinero a consumidores, a través de mentiras y extorsión, reveló el departamento de Justicia.

Un jurado de instrucción formuló acusaciones contra Daniel Carrasco, de 54 años, y Federico Martín Gioja, de 45 años, por ser los dueños y operar empresas en Florida que realizaban negocios fraudulentos con consumidores hispanoparlantes, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Carrasco y Gioja, ambos residentes de la ciudad de Miramar, al noroeste de Miami, pero cuya nacionalidad no estaba mencionada en el comunicado, fueron arrestados el 26 de junio y permanecen detenidos desde entonces.

Ambos y un tercer individuo identificado como Romino Tasso fueron incluidos en una demanda civil presentada por el departamento. En esa demanda, la jueza federal Cecilia Altonaga emitió una orden temporal para impedir los engaños a los consumidores, que incluyó también un congelamiento de los activos de Carrasco, Gioja y Tasso y de las empresas que ellos dirigían.

"Estos acusados apuntaban específicamente a víctimas hispanoparlantes, se hacían pasar como afiliados de (la cadena de televisión) Univision para vender sus productos por teléfono desde Argentina, pero en realidad no tenían ningún tipo de conexión con Univision y sus compañías no entregaban los productos que los consumidores ordenaban", explicó Wilfredo Ferrer, fiscal para el distrito del sur de la Florida.

El caso trascendió cuando Univision informó al Servicio de Inspección Postal sus sospechas de que una empresa que alegaba falsamente ser su afiliada estaba implicada en un fraude. Ante una pregunta de AP, Univisión dijo que "no podemos comentar sobre eso".

De acuerdo con la acusación, las empresas de Carrasco y Giojia se hacían pasar como socias de Univision y prometían vender productos como vitaminas, lociones y seguros médicos, pero con frecuencia no entregaban la mercadería que ordenaban los consumidores. Como por lo general no los tenían, los compradores terminaban recibiendo productos diferentes a los que habían pagado.

Y cuando los consumidores se negaban a recibir esos productos, operadores telefónicos los llamaban desde Argentina y los amenazaban con arrestarlos, deportarlos o multarlos en sus cuentas de gas o electricidad, según la acusación.

No queda claro el monto del fraude en que el habrían incurrido las empresas de los acusados. El departamento de Justicia no respondió de manera inmediata a los pedidos de declaraciones de la AP.

Las autoridades dijeron que los nombres de las empresas eran cambiados frecuentemente para evadir así quejas de los consumidores y normativas.