Piden desbloquear orden que afecta a dreamers

Una mujer de 24 años de Lincoln está solicitando a un juez que prohíba a Nebraska aplicar su política de negar licencias de manejo a personas que fueron traídas a Estados Unidos sin documentos cuando eran niños, pero a quienes se les permitió permanecer en el país bajo un nuevo programa federal.

Abogados de Mayra Saldaña están buscando la orden de un juez para bloquear la política del estado mientras una demanda federal sigue su curso en los tribunales. Saldaña llegó a Estados Unidos desde México a la edad de 2 años y ahora es estudiante en el Peru State College. Ella tiene estatus legal como parte del programa de aplazamiento de deportación para quienes ingresaron al país en su niñez sin la autorización correspondiente.

La demanda fue presentada por la el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, un grupo nacional defensor de los derechos civiles.

"Esta política abiertamente discriminatoria de señalar a estos beneficiarios específicos de un atenuante federal de inmigración debe terminar inmediatamente", dijo Thomas A. Sáenz, presidente y asesor general del grupo.

Una vocera de la oficina del secretario de Justicia de Nebraska, la cual está defendiendo al estado, dijo el jueves que los abogados del estado no podían hacer declaraciones debido a que el litigio está en curso.

La demanda argumenta que la política de Nebraska viola los derechos constitucionales de Saldaña a protección igualitaria y que es inconstitucional debido a que no puede estar sobre la ley federal. Más de 1.400 jóvenes que viven en Nebraska han recibido permisos de trabajo para permanecer en Estados Unidos durante los próximos dos años, permiso que es renovable.

En agosto pasado, el gobernador Dave Heineman declaró que Nebraska negaría licencias de conducir a in migrantes que resultaron elegibles para trabajar en el país como resultado del programa de deportación diferida. Varios meses después dijo que Nebraska defenderá vigorosamente su política, aun si el estado era demandado.

La demanda es una de dos que impugnan la política de Nebraska contra los inmigrantes amparados por el programa federal. En junio, la sucursal en Nebraska de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) presentó una querella argumentando que funcionarios del estado violaron la ley estatal que les obliga a realizar una audiencia pública y un período de comentarios antes de realizar cambios significativos a reglamentos y regulaciones locales. La demanda asevera además que la política violó el derecho de la Constitución estatal a un debido proceso.