Guatemala: Corte detiene reforma que favorece a políticos

La Corte de Constitucionalidad otorgó el jueves un amparo provisional con el que detuvo las reformas aprobadas el miércoles por el Congreso guatemalteco, en las cuales se reducían las sanciones para...

La Corte de Constitucionalidad otorgó el jueves un amparo provisional con el que detuvo las reformas aprobadas el miércoles por el Congreso guatemalteco, en las cuales se reducían las sanciones para el delito de financiamiento electoral ilícito y se autorizaba que las penas a diez años de prisión por otros crímenes fueran conmutadas por multas.

“Procede a otorgar el amparo provisional en el sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación de las reformas al Código Penal, por ser seria amenaza que podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”, dijo Francisco de Mata Vela, presidente de la Corte. Ésta resolvió seis amparos en total.

Jordán Rodas, procurador de derechos humanos, había pedido el jueves a esa corte detener la reforma a tres artículos de dicho código, la cual ha agravado la crisis política en Guatemala. Dijo a periodistas que pone en riesgo a la población.

La reforma fue aprobada unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran al presidente Jimmy Morales de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

En una acción que los críticos consideraron una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito y permitir que una sentencia de una década de cárcel por otros ilícitos pudiera ser conmutada por una multa.

El Ministerio Público dijo que con esa reforma quedarían al menos 400 delitos exonerados de ser castigados con prisión, entre ellos la extorsión, el robo agravado, algunas variantes de homicidio, el peculado, la malversación, la violación y el cohecho, así como la pornografía infantil, entre otros.

Mientras tanto, en la Plaza de la Central frente al Palacio Nacional ocurrieron pequeños disturbios de manifestantes inconformes que exigen la renuncia de los diputados y de Morales, lo cual obligó a suspender los actos protocolarios en la víspera del festejo del 196 aniversario de la independencia de Guatemala.

Durante la noche, Morales dio un mensaje a la nación en el que suspendió el tradicional desfile por temor a que haya brotes de violencia y que los manifestantes no le dejen participar en él.

Las manifestaciones de protesta se extendieron a varios departamentos del país, y en ellas se exigió la renuncia de los 158 diputados del Congreso. Desde el jueves en la mañana varias personas protestaban frente al Congreso en rechazo a los cambios.

“¡Ratas, ratas, ladrones!”, gritaban los manifestantes a los diputados que ingresaban al Palacio Legislativo, mientras que otros les lanzaban tomates.

Oscar Chinchilla, presidente del Congreso, convocó de urgencia al pleno de los diputados para que el viernes por la tarde discutan y den marcha atrás a los cambios. El funcionario indicó que llevarían a cabo un procedimiento establecido en la ley para que las reformas puedan suspenderse y archivarse definitivamente.

El Proyecto de Precedente Legislativo, que mencionó Chinchilla, sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, el proceso es viable porque los diputados que votaron en favor de las reformas presentaron reparos sobre las mismas.

La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.

Tras la convulsión política, Morales llegó al poder con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión que ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— ha sido uno de los impulsores de los cambios legales.

Para que entrara en vigor la reforma debía ser promulgada por el presidente, quien ha negado haber incurrido en irregularidades durante su campaña. El martes el Congreso evaluó el retiro de su inmunidad para que Morales pudiera ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito, pero no se alcanzaron los votos necesarios para tomar una decisión y el caso fue archivado.

En un mensaje televisado, Morales dijo que al recibir las reformas analizaría jurídicamente los cambios.

“Si se determina que éstas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizaré mi derecho a veto”, afirmó, y exhortó a la población a mantener la calma.

Un par de días después de la acusación de la Fiscalía y la CICIG, Morales ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, le dio al mandatario 15 días de plazo para que presente sus argumentos de descargo o devuelva el dinero.

El ejército compartió a periodistas el jueves la copia de un cheque que dice demuestra que Morales devolvió el dinero otorgado como bono extraordinario. El presidente, quien tiene ya casi un mes de no hablar con la prensa, no se ha referido públicamente a este tema.