Colombia: confiscan bienes de presunto testaferro de FARC

Las autoridades colombianas informaron el martes que confiscaron 65 bienes a un presunto testaferro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) valuados en 57 mil millones de pesos...

Las autoridades colombianas informaron el martes que confiscaron 65 bienes a un presunto testaferro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) valuados en 57 mil millones de pesos colombianos (unos 18 millones de dólares).

Mauricio Parra Rodriguez, alias “El Quesero” o “El Opita”, se habría convertido en uno de los principales prestanombres del desaparecido Bloque Sur y de la columna Teófilo Forero de las FARC y las propiedades incautadas habrían legalizado sumas millonarias durante 15 años para la principal guerrilla del país —ahora desmovilizada— dijo en conferencia de prensa el Fiscal General de Colombia, quien estuvo acompañado por el comandante del ejército, Alberto Mejía.

El Estado adquirió el derecho sobre estos bienes a través de un proceso conocido como extinción de dominio.

Según la fiscalía, además de estas 65 propiedades —fincas, residencias, oficinas— se bloquearon 24 cuentas bancarias. No se dio a conocer el monto del dinero congelado.

El proceso de incautación duró cinco días y se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá, Cali, Ibagué, Huila y en Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá.

Según la investigación de la fiscalía, “El Quesero” trabajaba para las FARC desde 1998. Desde el departamento del Caquetá les llevaba productos de mercado a los campamentos y así inició su vínculo.

El presunto testaferro fue capturado en noviembre de 2003 y recibió una condena de 16 años de cárcel por transportar 86 kilos de cocaína. En septiembre de 2010 recibió el beneficio de libertad condicional pero —según la fiscalía— tras quedar libre retomó contacto con el bloque sur de las FARC y conformó un capital desproporcionado a través de sociedades, establecimientos comerciales y otros bienes.

Hace 13 días fue capturado de nuevo en el aeropuerto Internacional de Bogotá y se le acusa de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las autoridades también lo señalan por el homicidio de un comerciante de víveres ocurrido el 20 de octubre de 2016 en la capital colombiana.