Las llamadas empezaron a llegar horas antes de que Donald Trump asumiese la presidencia.

El presidente electo asistía a una misa matinal y su partido festejaba el ansiado regreso al poder. Pero el jefe del despacho presidencial Reince Priebus estaba en una camioneta estacionada frente a la Iglesia Episcopal de San Juan, respondiendo llamadas de republicanos que le hacían la misma pregunta:

¿Qué va a hacer el nuevo mandatario con DACA, el programa que protegía de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños?

Las inquietudes en torno a la promesa electoral de Trump de “suspender inmediatamente” el programa dieron paso a gestiones de allegados al mandatario, presiones de organizaciones empresariales, un plazo fijado por funcionarios estatales republicanos y una dura puja interna en la Casa Blanca. Luego de sopesar por meses la decisión, Trump anunció el martes que desmantelaría en forma escalonada el programa y expresó su confianza en que el Congreso haga “algo” sobre el tema.

La actitud de Trump es una admisión de los peligros que conllevaría la anulación del programa instituido por su predecesor Barack Obama, que cobija a casi 800.000 jóvenes. Sus denuncias de la campaña electoral de que el programa constituía una “amnistía” pueden haber caído bien a sus partidarios, pero la perspectiva de deportar a todos esos jóvenes resultó extremadamente incómoda para el nuevo presidente, que ha dicho varias veces que quiere demostrar que es una persona sensible al sufrimiento de los demás.

El costo político de una medida impopular es lo que llevó a los legisladores a llamar a Priebus el 20 de enero. Querían saber si Trump tocaría el tema en su discurso inaugural. Algunos le pidieron que reconsiderase su postura o que demorase su decisión, según dos personas al tanto de las conversaciones.

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El hecho de que Trump haya reconsiderado su postura sobre el DACA es una sorpresa.

Trump prometió anular lo que describió como un programa “ilegal”. Ese fue uno de sus caballitos de batalla durante la campaña presidencial, junto con la amenaza de construir un muro a lo largo de la frontera con México. En agosto volvió a emprenderla contra el DACA.

La línea intransigente de Trump fue apoyada por su principal estratega Steve Bannon y por el influyente asesor Stephen Miller. También por sectores conservadores y por medios de ultraderecha como Breitbart News.

Después de la elección, Miller, Bannon y el secretario de Justicia Jeff Sessions presionaron a Trump para que anulase el DACA apenas asumiese.

Pero Trump no lo hizo y confesó a sus allegados que no sabía qué rumbo tomar. Dio la impresión de que no quería ser visto como alguien insensible.

En una entrevista con ABC difundida poco después de asumir Trump declaró que los beneficiarios del DACA “no deberían preocuparse mucho”. Y en su primera conferencia de prensa como presidente admitió que esa era una decisión “muy difícil”.

“Quiero mucho a estos chicos. Tengo hijos y nietos y me cuesta mucho hacer cumplir la ley”, manifestó.

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Un plazo fijado por otros lo obligaría a abordar el tema.

En junio, el secretario de Justicia de Texas Ken Paxton y sus colegas de otros nueve estados amenazaron con demandar al gobierno federal si no rescindía el DACA para el 5 de septiembre. Y Trump no tenía un aliado en el Departamento de Justicia dispuesto a defender la constitucionalidad del programa en los tribunales, ya que había nombrado para ese cargo a Sessions, uno de los principales críticos de ese programa.

Al acercarse la fecha, Sessions dejó en claro que no creía que su departamento pudiese argüir que el programa era constitucional, según dos personas al tanto de las conversaciones con el presidente. Igual que otras fuentes mencionadas en este despacho, los informantes pidieron permanecer anónimos porque no estaba autorizados a comentar sobre conversaciones privadas.

Trump también era presionado por su yerno Jared Kushner, uno de sus principales asesores, y por su asesor en materia económica Gary Cohn. Líderes empresariales, incluido Rupert Murdoch, dijeron a Trump que rescindir el programa tendría graves consecuencias para la economía del país y para su reputación internacional.

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En las últimas semanas los asesores de Trump comenzaron a elaborar un plan que aliviase las presiones y aplacase a la base conservadora del presidente. Y surgió la idea de pasarle la bola al Congreso.

Trump no habló del tema con el líder de la cámara baja, el representante Paul Ryan, quien mantiene firme su apoyo a los dreamers, de acuerdo con dos personas al tanto de sus contactos.

Y fue Sessions, no Trump, el que hizo el anuncio formal, declarando al DACA “un ejercicio inconstitucional de autoridad” que debe ser revocado.

El martes, Trump dijo que si el Congreso no actúa, “reconsideraré el tema”.

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Lemire informó desde Nueva York. Los reporteros de la Associated Press Julie Pace, Sadie Gurman y Erica Werner colaboraron en este despacho.

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