Un tribunal federal de apelaciones suspendió un mandato judicial permanente para desechar la ley de Texas que requiere que los electores presenten una tarjeta de identificación válida con fotografía.

En una votación de 2-1, el panel de tres jueces en Nueva Orleáns dejó, en lugar del mandato judicial, una orden previa emitida por la juez federal de distrito Nelva Gonzales Ramos, la cual permite que los que no cuenten con una identificación válida puedan votar al firmar una declaración jurada en la que afirmen que tienen un impedimento razonable para obtener una.

Gonzales Ramos había emitido el 23 de agosto el mandato judicial permanente contra una ley subsecuente de identificación electoral, al llamarla un “impuesto de capitación” sobre los votantes de las minorías. La suspensión detiene esa orden hasta que la corte de apelaciones pueda escuchar los puntos a favor y en contra de la apelación del estado.

El Departamento de Justicia federal participó en la lucha para desechar la ley hasta que el presidente Donald Trump asumió el puesto este año, cuando modificó su posición y respaldó la ley de identificación electoral de Texas.

En la opinión de la mayoría redactada en seis páginas, los jueces de circuito Jerry Smith y Jennifer Walker Elrod dejan entrever que la exposición presentada por el estado es lo suficientemente sólida que parece probable que tenga éxito con base en los méritos de su apelación.

Por su parte, en su disenso de cinco páginas, el juez de circuito James Graves Jr. argumenta que cualquier suspensión “debería ser amplia. En otras palabras, el enfoque correcto sería suspender tanto la orden de la corte de distrito como la nueva legislación” sobre identificación electoral.

La nueva ley convierte en permanente el procedimiento de declaración de “impedimento razonable” e impone duras penas al que la viole.

Graves también estuvo en desacuerdo con la afirmación de que el estado ha demostrado que probablemente tendrá éxito con base en los méritos de su apelación.