Un juez de Estados Unidos desestimó que la familia de un agente de la Patrulla Fronteriza —muerto en relación con la fallida operación de rastreo de traficantes de armas 'Fast and Furious' ('Rápido y Furioso')— pueda incluir en su demanda de homicidio por negligencia a varios funcionarios federales, argumentando que hay recursos ya existentes por mandato del Congreso para los casos en los que un agente muere en la línea del deber.

'Fast and Furious' fue una operación para permitir que cientos de armas transpasaran la frontera con México El caso se centra en el agente Brian Terry, asesinado en un tiroteo el 14 de diciembre de 2010 en Arizona, cerca de la frontera con México, entre agentes federales estadounidenses y cinco hombres que ingresaron ilegalmente al país para robarles marihuana a narcotraficantes.

En el sitio del tiroteo se halló por lo menos una de las armas de la operación 'Fast and Furious'. La meta original de la operación del gobierno estadounidense —básicamente la Oficina Federal para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés)— era permitir que cientos de armas adquiridas en Estados Unidos traspusieran la frontera rumbo a México, a fin de rastrearlas y desbaratar las redes del contrabando. La operación, sin embargo, fracasó y ahora es objeto de un fuerte escrutinio.

La semana pasada, un juez federal desestimó que la demanda de la familia de Terry pueda incluir entre los acusados a un fiscal y seis empleados de la ATF.

"El tribunal reconoce que los demandantes han sufrido una gran pérdida y que cualquier remedio financiero probablemente será insuficiente para reparar su pérdida", escribió en el fallo el juez federal de distrito David Campbell. Sin embargo, el tribunal no puede imponer remedios adicionales cuando ya existen en la ley, agregó Campbell.

Los abogados de la familia de Terry dijeron que apelarán el fallo y que continuarán con la demanda contra el acusado restante, la armería Lone Wolf Trading Co., donde se compró el arma encontrada en el sitio del tiroteo.

La familia presentó la demanda el año pasado contra seis empleados de la ATF, un fiscal federal que manejó el caso anteriormente y la armería. Entre otras cosas, la demanda alega que el gobierno federal creó un riesgo para los funcionarios federales y que los policías deberían haber sido alertados de que sus acciones podrían terminar en lesiones y muertes.