Fiscal salvadoreño critica resultado de tregua con pandillas

La tregua entre las pandillas no ha sido benéfica para El Salvador, sino que el proceso permitió que estos grupos criminales dañaran a la población, se fortalecieran, se expandieron y armaran, afirmó...

La tregua entre las pandillas no ha sido benéfica para El Salvador, sino que el proceso permitió que estos grupos criminales dañaran a la población, se fortalecieran, se expandieron y armaran, afirmó el jueves el Fiscal General de la Republica, Douglas Meléndez.

Según dijo Meléndez en conferencia de prensa, con la tregua no se cometió ningún delito, pero sí se realizaron acciones delictivas en torno a este proceso. Por ello, recientemente se envió a juicio a 18 de 21 funcionarios y exfuncionarios de centros penales y de la Policía Nacional Civil que fueron vinculados a irregularidades durante el proceso. A los imputados se les procesa por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, uso de documentos con información falsa, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El Fiscal General también señaló que durante las investigaciones han surgido otras personas vinculadas, entre ellas el expresidente Mauricio Funes y el ministro de la Defensa Nacional, General David Munguía Payés. Sin embargo, por el momento no hay motivos para procesarlos. Quienes actualmente son investigados están bajo la lupa de la justicia debido a que cometieron delitos mientras se realizaba la tregua, como introducir objetos prohibidos a las cercales, entre otros.

Entre los procesados destacan el exguerrillero Raúl Mijango, identificado como el principal promotor y negociador de la situación, y el exdirector de centros penales, Nelson Rauda.

En 2012, con la intermediación de Mijango, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia, luego de que en esa época se registraran al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar un acuerdo y evitar que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad, en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

Meléndez sostiene que este pacto “fue contra la población” y aseguró que incluso hubo zonas donde la policía no actuó en su debido momento y eso permitió que “se expandieran, se armaran y comercializaran con drogas”.

Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013 luego de que las autoridades retiraran una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos. Después de eso, los asesinatos comenzaron a multiplicarse.