Venezuela: Ministro rechaza críticas de fiscal a militares

El ministro de la Defensa de Venezuela criticó el jueves que la Fiscalía General haya responsabilizado a un guardia nacional de la muerte de un manifestante, ya que considera que dicha afirmación...

El ministro de la Defensa de Venezuela criticó el jueves que la Fiscalía General haya responsabilizado a un guardia nacional de la muerte de un manifestante, ya que considera que dicha afirmación busca golpear el liderazgo de los militares, quienes se han convertido en uno de los principales soportes del presidente Nicolás Maduro.

El general en jefe Vladimir Padrino López salió en defensa de las fuerzas armadas luego que la fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró la víspera que el universitario Juan Pernalete falleció a consecuencia de una bomba lacrimógena lanzada por un guardia nacional y que le golpeó el pecho. Con ello desmintió la versión del gobierno, que sostenía que el joven fue asesinado por otro manifestante opositor con una pistola de perno.

Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas.

“Esta hipótesis no solo afecta el espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha”, dijo Padrino López en un comunicado al objetar el pronunciamiento de Ortega Díaz sobre el caso.

Maduro y otras figuras del gobierno han defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante los últimos dos meses de protestas, mientras que algunas organizaciones humanitarias y de opositores han acusado a la policía y a la Guardia Nacional de excederse en sus actuaciones y violar las leyes.

Por otra parte, el ministro defendió los procesos que iniciaron tribunales militares contra civiles detenidos y sostuvo que la legislación castrense establece que cualquiera puede ser juzgado por cometer los delitos de “ultraje al centinela y a la fuerza armada”.

En un comunicado divulgado el jueves en la noche, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ordenó al alcalde del municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, tomar medidas necesarias para impedir que los manifestantes cierren vías y perturben el orden público.

Ocariz se suma a otros ocho alcaldes _cinco del estado Miranda y dos del estado andino de Mérida_, los cuales recibieron la víspera una orden semejante para que mantengan las vías libres de barricadas.

En los municipios de Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo, que forman parte del área metropolitana de Caracas, se han focalizado las protestas contra Maduro desde marzo.

Durante las manifestaciones del 2014, sentencias semejantes contra dos alcaldes de los estados Carabobo y Táchira derivaron en su detención y posterior destitución. El delito de desacato en Venezuela contempla condenas de seis a 15 meses de cárcel.

La fiscal general dio la víspera un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al criticar que los civiles sean procesados por tribunales militares.

El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido de arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las manifestaciones que se iniciaron a finales de marzo y que han dejado al menos 57 muertos, mil heridos y 284 detenidos.

Ortega Díaz admitió que más de 500 personas resultaron lesionadas por la acción de las fuerzas de seguridad.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y el vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, también objetaron la declaración de la fiscal.

A fines de marzo, Ortega Díaz, quien siempre fue identificada como cercana al oficialismo, se distanció del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar la ruptura del orden constitucional.