Congreso aprueba ley que impide reducir penas a represores

El Congreso argentino aprobó el miércoles una ley que impide a los autores de violaciones a los derechos humanos ser beneficiados con la reducción de sus penas en reacción a un cuestionado fallo de...

El Congreso argentino aprobó el miércoles una ley que impide a los autores de violaciones a los derechos humanos ser beneficiados con la reducción de sus penas en reacción a un cuestionado fallo de la Corte Suprema.

Más tarde, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a mostrar su rechazo a la resolución del máximo tribunal. “En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos de derechos humanos decimos fuerte: Nunca Más”, dijo Taty Almeida, presidenta de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, ante una multitud convocada en la histórica plaza del mismo nombre.

La ley aprobada el miércoles fue producto de una decisión unánime sin precedentes en la historia parlamentaria reciente. De este modo, los 56 senadores de la cámara alta convirtieron en ley el proyecto que había aprobado horas antes la Cámara de Diputados, que especifica que la llamada “ley del dos por uno”, que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme, no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Esta decisión del Parlamento fue una reacción al reciente fallo de la Corte, que redujo la pena de 13 años de prisión al civil Luis Muiña, condenado por el secuestro y tortura de disidentes durante el régimen militar de 1976 a 1983.

Debido a ese fallo, Muiña pudo beneficiarse de forma retroactiva con la “ley del dos por uno” al entender que ésta permaneció vigente en un tiempo intermedio entre 1976, en que el condenado cometió los delitos, y 2013, cuando recibió una sentencia firme después de estar desde 2007 en prisión preventiva.

Esta ley rigió entre 1994 y 2001 pero en su decisión respecto de Muiña el alto tribunal se basó en un artículo del código penal que establece que se debe aplicar la ley penal más benigna y argumentó que el beneficio era extensivo a todos los delitos sin distinción.

La norma aprobada el miércoles puntualiza que la “ley del dos por uno” será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado haya estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001.

En las protestas del mismo día por la tarde, se leía “Señores jueces: Nunca más. Ningún genocida suelto. 30.000 detenidos-desaparecidos presentes” en el cartel que cubría el escenario desde el que las líderes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolos por su incansable pelea en busca de justicia por sus hijos asesinados durante la dictadura, leyeron un documento junto a sobrevivientes en que calificaron fallo como “antidemocrático y pro-dictadura”.

“Lamentablemente la dictadura no es un hecho de un pasado lejano. Los hijos nietos y bisnietos serán afectados por estos nuevos vientos de impunidad", afirmó Estela de Carlotto, líder de las Abuelas, dedicadas a recuperar a sus nietos que fueron arrebatados al nacer de sus madres detenidas en centros clandestinos de detención y luego entregados a familias no biológicas que los adoptaron ilegalmente.

"Afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza", destacó.

En un hecho inédito, las Madres y Abuelas aceptaron que los manifestantes portaran pañuelos blancos, considerados un símbolo sagrado de su lucha y que comenzaron a utilizar sobre sus cabezas en las primeras rondas en la plaza de Mayo, en plena dictadura, para pedir por el paradero de sus hijos.

Horas antes, el presidente argentino Mauricio Macri también criticó el fallo que benefició a Muiña y manifestó su satisfacción por la "celeridad del Congreso en resolver el vacío legal que había dejado esta desafortunada ley". Además dijo estar “en contra" de beneficios "para delitos de lesa humanidad" en respuesta a las críticas de organismos de derechos humanos y fuerzas de izquierda que afirmaron que dos de los tres jueces que votaron el fallo responden a las “políticas de impunidad” del gobierno.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a The Associated Press que el Parlamento envió “un mensaje a la Corte y la justicia en general y traduce el sentimiento de la sociedad; hay un consenso amplio e inquebrantable que no está dispuesto a aceptar retrocesos por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”.

Asimismo, consideró que aunque la Corte Suprema tendría “la última palabra sobre la constitucionalidad” de la nueva ley le será “difícil apartarse del criterio” adoptado por el Congreso.

La cámara alta fue además escenario de un acto de organismos de derechos humanos en el que se reivindicó la permanencia de las penas aplicadas a los represores. Durante la dictadura militar fueron asesinados o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.