Siete de cada 10 jóvenes que terminan la escuela secundaria en Argentina no tienen conocimientos básicos de matemática y la mitad no comprende lo que lee, reveló un estudio oficial que mostró el deterioro de la calidad educativa.

El presidente Mauricio Macri dio a conocer esas y otras conclusiones el martes al presentar los resultados del Plan Aprender 2016 obtenidos a partir de una evaluación realizada a 1,7 millón de alumnos de los niveles primario y secundario de unas 39.000 escuelas públicas y privadas del país.

"Los resultados fueron muy malos, sorprendentemente malos", dijo el mandatario.

Macri dio a conocer la evaluación en momentos en que los docentes cumplen una nueva jornada de huelga después de varios días alternados de paro en reclamo de un aumento salarial nacional -y no provincial- de 35% para compensar la depreciación de sus ingresos por efecto de la inflación de cerca de 40% del año pasado.

El diálogo avanza lentamente y no ha logrado destrabar la protesta de varios sindicatos de educadores que afecta a millones de niños que concurren a escuelas públicas.

"Cuatro de cada 10 alumnos de sexto grado de primaria (a los 11 años) en la escuela pública no comprenden textos y en la privada dos de cada 10, lo que marca la terrible inequidad de los que pueden ir a la escuela privada y los que tienen que caer en la pública", afirmó el presidente.

Macri anunció que enviará al Parlamento un plan con metas específicas "que nos permita resolver la cuestión educativa". El presidente reclamó además poder "evaluar permanentemente" a los maestros.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, apuntó posteriormente que hay un "problema de 82% de ausentismo docente en el nivel secundario".

Según el gobierno, la Prueba Aprender fue la evaluación más completa que haya tenido el país sobre aprendizaje estudiantil. Analizó los conocimientos en matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales.

Los docentes, tradicionalmente mal pagados en Argentina, critican la decisión oficialista de desactivar este año la negociación de los salarios a nivel nacional, lo que -según sostienen- atenta contra la ley e impide un acuerdo sobre el salario mínimo que servía como piso para las discusiones salariales en cada una de las provincias.

El gobierno pretende fijar un límite a los reclamos salariales de ese y otros sectores y sostiene que tienen motivaciones políticas en un año en el que se celebran elecciones legislativas.