Más de tres décadas después de la masacre de El Mozote, una de las más grandes cometidas en América Latina, con un registro de más de 1.000 víctimas y cientos de personas desplazas, un juez salvadoreño tomó la decisión de reabrir el caso y ha citado al tribunal a los militares para que respondan por el crimen.

"El juez los ha citado para el 29 y 30 de marzo", confirmó a The Associated Press el abogado querellante, Wilfredo Medrano, de la Oficina de Tutela Legal Doctora Maria Julia Hernández, que representa a las víctimas.

Entre los militares acusados figuran miembros de la cúpula de mando de la fuerza armada de esa época, entre ellos el exministro de Defensa y Seguridad Publica, general José Guillermo García, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la fuerza armada, general Rafael Flores Lima.

El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación de la matanza perpetrada en 1981 luego de que la Corte Suprema del país derogara la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados. Esta resolución de la Corte Suprema también abrió la posibilidad de que se inicien procesos penales contra los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto armado y contra miembros de la excomandancia del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.

El abogado querellante explicó que no todos los militares implicados en la matanza han sido citados porque 13 de éstos ya fallecieron. "Ignoramos si fue por causas naturales o si murieron en el conflicto", afirmó, y detalló que entre ellos estarían el coronel Domingo Monterrosa y el coronel Armando Azmitia, dos de los principales señalados.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con un promedio de edad de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

Medrano, el abogado querellante, señaló que el juez ya tiene suficientes fundamentos jurídicos para procesar a los militares: cuenta con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenó reabrir el caso y procesar a los responsables, tiene el respaldo que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y posee los resultados de las exhumaciones que identifican a muchos de los cuerpos.

La Corte Interamericana condenó a El Salvador por la matanza y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero la ley de amnistía impidió investigar y juzgar a los responsables.

El gobierno reconoció la sentencia de la Corte y el 16 de enero de 2012 —durante el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz— el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón por la matanza.