El expresidente de la generalitat de Cataluña Artur Mas fue inhabilitado por dos años de todo cargo público por haber efectuado un referéndum sobre la independencia de esa región respecto de España a pesar de un fallo que disponía lo contrario, según una sentencia emitida el lunes por un tribunal en Barcelona.

El juez también impuso a Mas una multa de 36.500 euros (38.900 dólares) e inhabilitó a dos de las colaboradoras de éste, la exvicepresidenta del gobierno de la generalitat de Cataluña, Joana Ortega, y la exconsejera de enseñanza de la región, Irene Rigau, por 21 y 18 meses respectivamente.

Los tres exfuncionarios apelarán las sentencias de inhabilitación ante el Tribunal Supremo y se preparan para presentar su caso ante cortes europeas, declaró Mas luego de conocer el veredicto.

Aseguró que no confía en la justicia española. En España, "la ley no es igual para todos", es una falacia, no la verdad, afirmó Mas flanqueado de Ortega y Rigau en una conferencia de prensa en Barcelona.

Mas afirmó que se les condenó solo por ideas que disgustan, que los tres no lamentan nada y que harían de exactamente lo mismo otra vez.

El gobierno central declinó hacer declaraciones sobre la sentencia, pero afirmó a la televisora pública española TVE que respetaba la decisión del tribunal.

Según la sentencia, Mas desobedeció al Tribunal Constitucional cuando instaló con apoyo de miles de voluntarios centros de votación para el referéndum en escuelas públicas.

Ortega y Rigau fueron colaboradoras necesarias para organizar la consulta, según el tribunal, que las absolvió de irregularidades administrativas que los fiscales les habían imputado inicialmente.

Las encuestas mostraron que los catalanes que desean independizarse de España son una minoría entre los 7,5 millones de habitantes de esa rica región del nordeste del país, aunque el número quienes desean una consulta para la escisión aumentó desde la crisis económica de 2008.

Carles Puigdemont, que sucedió a Mas al frente del gobierno regional, censuró la sentencia y la comparó con el anuncio del lunes de la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon de que buscaría la autoridad para efectuar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia.