El gobernador de Puerto Rico estuvo en desacuerdo el jueves con la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla después de que ésta rechazó su plan fiscal para el futuro económico del territorio, al cual calificó de poco realista y demasiado optimista.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que su gobierno desea reunirse con los miembros de la junta para hablar de desacuerdos sobre datos financieros, pero advirtió que no apoyará un plan que contenga información errónea.

"Cada decisión que tomemos basada en datos erróneos que afecte al pueblo de Puerto Rico es simplemente inaceptable", enfatizó. "Tenemos que pensar respecto a cuáles son las implicaciones".

Rosselló habló con los reporteros pocas horas después de que la junta emitió una carta en la que rechazó su plan y exigió que el sábado por la mañana presente uno modificado. La junta dijo que el plan no garantiza fondos para servicios públicos esenciales ni proporciona una ruta para reestructurar la deuda y obligaciones en el pago de pensiones con el fin de alcanzar un nivel sustentable.

"Específicamente, el plan propuesto está basado en proyecciones poco realistas de crecimiento económico, subestima sustancialmente el gasto, y refleja proyecciones de ingresos demasiado optimistas", señaló la junta.

Agregó que, con base en un análisis, encontró que los gastos del gobierno podrían tener un error de cálculo de entre 60 millones y 510 millones de dólares, y la proyección de liquidez de 300 millones de dólares. La junta dijo que el fondo para gastos generales debería incrementarse en 585 millones de dólares y que el gobierno debería disminuir el gasto en las ramas legislativa y ejecutiva, así como consolidar escuelas para reflejar una disminución en el número de estudiantes, ya que continúa el éxodo a la parte continental de Estados Unidos.

La carta, reportada por primera vez por el periódico El Nuevo Día, fue enviada menos de 24 horas después de que la junta exhortó al gobierno de Rosselló a tomar acciones de emergencia para compensar un flujo de efectivo críticamente bajo. Recomendó al gobierno imponer un permiso de ausencia a ciertos trabajadores gubernamentales, cortar contratos de servicios profesionales en un 50% y recortar costos de los servicios de salud.

Se espera que la junta apruebe el lunes un plan fiscal de 10 años que muchos creen será enmendado para incluir medidas de austeridad adicionales.

Roselló no dijo específicamente si presentaría un plan reestructurado para el sábado, e hizo énfasis en que prefería reunirse primero con los miembros de la junta para conversar acerca de si hay una necesidad de enmiendas.

La misiva fue emitida el mismo día que Roselló y otros funcionarios gubernamentales hablaron ante cientos de puertorriqueños en una conferencia organizada por un grupo activista que representa a algunos de los 60.000 tendedores de bonos, muchos de ellos habitantes locales. Son acreedores de aproximadamente 15.000 millones de dólares de la deuda pública de casi 70.000 millones de dólares que Puerto Rico quiere reestructurar a medida que el gobierno se queda sin dinero.

Fondos de alto riesgo son acreedores de aproximadamente una tercera parte, y las autoridades dicen que no está claro a quién se le debe el resto de la deuda.

Legisladores puertorriqueños se comprometieron a ayudar a los locales que invirtieron en bonos gubernamentales, los cuales enfrentan fuertes pérdidas debido a que el gobierno de la isla ha declarado mora de pagos en una serie de deudas debido a la crisis económica.