Un magistrado federal dijo el miércoles que espera decidir a inicios de la próxima semana si liberará a un ciudadano mexicano que fue arrestado por agentes de inmigración cerca de Seattle a pesar de que está inscrito en un programa federal para las personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.

Daniel Ramírez Medina pidió a una corte en Seattle que declare que su arresto y detención el 10 de febrero violó sus derechos constitucionales.

Su caso ha enfocado la atención en la ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), en momentos en que el presidente Donald Trump está adoptando una línea más dura sobre la inmigración.

Ramírez ha estado detenido en una cárcel de inmigración durante casi cuatro semanas y pasará el jueves su 24to cumpleaños bajo custodia.

El magistrado federal James P. Donohue dijo que había considerado emitir una determinación el miércoles sobre la detención de Ramírez, pero que los abogados de éste necesitaban más tiempo para responder argumentos nuevos presentados por los abogados del gobierno.

Ramírez, quien llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 7 años de edad, no tiene antecedentes penales y aprobó en dos ocasiones revisiones para participar en el programa DACA, el cual permite a ciertos inmigrantes estar en el país y obtener permisos de trabajo.

Agentes de inmigración arrestaron al padre de Ramírez —descrito como un delincuente previamente deportado— afuera de un complejo de apartamentos suburbano el 10 de febrero. Encontraron a Ramírez en el interior y también lo arrestaron.

En reportes de los arrestos, los agentes de inmigración dijeron que Ramírez admitió tener vínculos con pandilla y que tiene un tatuaje de pandilla en un antebrazo. Tales indicios de ser una amenaza para la seguridad pública pueden ser fundamento para cancelar la participación de alguien en el programa DACA, sostiene el gobierno.

Pero los abogados de Ramírez han refutado tales acusaciones y han dicho que el supuesto tatuaje de pandilla representa un homenaje a la ciudad de La Paz, en el estado mexicano de Baja California Sur, donde nació.

Los argumentos del miércoles se enfocaron en los esfuerzos del Departamento de Justicia para que se desechen los alegatos de Ramírez que piden su liberación.

Jeffrey Robins, abogado del Departamento, argumentó que la participación en el programa puede ser revocada en cualquier momento. Añadió que bajo la ley federal de inmigración, Ramírez puede impugnar su detención en una corte de inmigración, un sistema dentro del Departamento de Justicia.