Una iniciativa en Nueva York para ampliar el plazo que tienen las víctimas menores de edad para denunciar una agresión sexual continúa estancada debido a las presiones de la Iglesia Católica y otros detractores. El estado tiene una de las prescripciones más cortas para este tipo de delitos.

La propuesta ha languidecido durante una década en Albany, pero las víctimas y defensores de la medida son optimistas este año porque han conseguido un apoyo importante, el del gobernador demócrata Andrew Cuomo.

La suerte de la propuesta de ley para víctimas menores de edad podría depender del líder del Senado, el republicano John Flanagan, de Long Island. Los partidarios afirman que Flanagan rechazó reunirse para debatir la propuesta.

"Nos han negado la justicia", dijo Bridie Farrel, de 35 años, una expatinadora de alto nivel y una de las principales defensoras de la medida.

Hace cuatro años, Farrel acusó públicamente a un exintegrante de su equipo y mentor de abusos sexuales continuados cuando él tenía 33 años y ella 15. El tiempo transcurrido impide que se presenten cargos o una demanda civil. "Protegen las instituciones a las que pertenecían los abusadores", apuntó.

De acuerdo con la ley vigente en Nueva York, las personas que sufrieron abusos sexuales cuando eran menores tienen hasta los 23 años para presentar cargos penales o una demanda contra las personas a las que señalen como responsables.

Este es uno de los periodos de prescripción del delito más cortos del país lo que, según los patrocinadores de la reforma, sitúa a Nueva York al nivel de estados como Georgia, Mississippi, Alabama y Michigan.

Massachusetts, otro estado con una fuerte influencia católica, permite a las víctimas denunciar hasta los 35 años. Ohio y Pennsylvania ponen el límite en los 30 años.

La propuesta a los legisladores impediría la prescripción para este tipo de delitos y habilitaría un periodo de un año adicional para presentar demandas independientemente de cuando ocurrió el delito.

Los defensores de la medida aseguran que a menudo las víctimas de abuso sexual tardan años o décadas en denunciar a sus agresores o en presentar demandas penales o civiles.

Una ley similar en California, aprobada en 2002, hizo que la diócesis católica pagara 1.200 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales.