El plan del presidente Donald Trump de endurecer la aplicación de las leyes inmigratorias podría inundar con más gente un sistema de tribunales de inmigración que ya debe lidiar con una cantidad récord de casos, escasez de jueces y frecuentes averías burocráticas.

El gobierno se ha concentrado en la contratación de agentes para buscar detener gente que se encuentra en el país sin autorización, pero ha dicho poco sobre los tribunales.

Incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, el sistema de cortes de inmigración del país estaba abrumado por un número récord de casos pendientes, escasez de jueces y frecuentes fallas burocráticas. El sistema cuenta con 58 tribunales en 27 estados y más de medio millón de casos pendientes. Los no ciudadanos que no están presos generalmente deben esperar dos años para que se resuelvan sus casos, a veces hasta cinco.

La jueza Dana Marks, de San Francisco, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dice la acumulación de casos y la escasez de recursos son problemas que se remontan a al menos 10 años atrás.

"Sería una lástima si los errores del pasado se siguen repitiendo", dijo Marks, que citó previos intentos de acelerar la implementación si proveer recursos adecuados a las cortes.

Las órdenes ejecutivas de Trump y los memorándums subsiguientes del secretario de Seguridad Nacional John Kelly se han centrado en la contratación de agentes para encontrar y detener a personas ilegalmente en el país, pero el gobierno no ha dicho nada sobre el fortalecimiento de las cortes de inmigración.

La tarea de esos tribunales es decidir si las personas acusadas de violar las leyes de inmigración deben ser autorizadas o no a permanecer en el país. Los jueces de inmigración trabajan para la Oficina Ejecutiva del Departamento de Justicia para Inmigración, no para el poder judicial.

Las personas que comparecen ante esas cortes tienen generalmente derecho a un abogado, pero la corte no está obligada proveer uno gratuitamente, como sucede en las causas penales. Los fallos pueden ser apelados a la Junta de Apelaciones de Inmigración cuyas decisiones pueden ser apeladas ante una corte federal.

De las 374 posiciones autorizadas de jueces de inmigración, 301 están cubiertas. Otros 50 candidatos están en varias etapas del proceso de contratación, que usualmente toma un año, dijo Kathryn Mattingly, portavoz de la oficina ejecutiva.

La oficina "evalúa constantemente la necesidad de mover sus recursos", dijo Mattingly, y está revisando formas de maximizar sus esfuerzos en "casos prioritarios".

En total, más de 534.000 causas estaban pendientes ante cortes de inmigración en todo el país en febrero, de acuerdo a un memo de Kelly.

Los activistas temen que el gobierno de Trump incremente el uso de procedimientos que permiten a las autoridades deportar a personas sin utilizar el sistema de cortes.