Piden investigar a líderes de guerrilla en El Salvador

El movimiento "Victimas del Terrorismo", que promueve la defensa de la libertad y los derechos humanos en El Salvador, pidió el viernes al ministerio Público que investigue a varios dirigentes del...

El movimiento "Victimas del Terrorismo", que promueve la defensa de la libertad y los derechos humanos en El Salvador, pidió el viernes al ministerio Público que investigue a varios dirigentes del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por el uso de minas y el "reclutamiento" de niños durante la pasada guerra civil.

Entre los nombres de la lista figuran el actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Oscar Ortiz y el excomandante rebelde Joaquín Villalobos.

"Nosotros venimos a interponer un aviso por el uso de minas y el reclutamiento de menores durante el pasado conflicto armado señalando como responsables a las cinco comandancias del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)", manifestó a periodistas Fernán Camilo Álvarez en representación del colectivo. Asimismo, la organización pidió investigar a los diputados del FMLN, Nidia Díaz, Lorena Peña y Medardo González; al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, y otros exguerrilleros que ocuparon puestos directivos durante el conflicto (1980-1992).

"Lo que queremos es que se haga justicia y no sólo una compensación económica, porque eso no redime el daño que las personas que han cargado durante años", agregó Álvarez.

El ministerio Público no se ha pronunciado públicamente y la oficina de comunicaciones no respondió las llamadas de AP, mientras que el subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Antonio Rivera, dijo que "no he conocido que haya algún comentario".

Muchos niños salvadoreños —originarios de las zonas donde la guerra recrudeció— formaron parte de las fuerzas rebeldes y en su mayoría se incorporaron junto a sus familias, pero ésta es la primera vez que el tema es denunciado de manera formal. A la fecha no hay cifras que revelen cuántos menores se involucraron en el conflicto.

En cuanto al uso de minas por la guerrilla, esto ha sido investigado por Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que ha indagado en las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

Durante aquella época, miles de familias de campesinos que vivían en las zonas de guerra se vieron obligados a dejar sus hogares para huir de los operativos de "tierra arrasada" —ataques aéreos y terrestres— de las fuerzas armadas y la exguerrilla las acogió.

Según el informe "De la locura a la esperanza", de la Comisión de la Verdad, "miembros del FMLN aceptaron ante la Comisión que hicieron un uso poco controlado de la plantación de minas, al punto que incluso llegaron a afectar a civiles y a sus propios miembros, que no tenían familiaridad suficiente en tales caminos".

Ésta es la segunda demanda que presenta el colectivo contra los líderes del exguerrillero FMLN, pero hasta ahora no se ha dado a conocer que la fiscalía haya iniciado ninguna investigación.

La petición de "Víctimas del Terrorismo" se ampara en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de 2016 derogó la Ley de Amnistía General decretada en 1993, que impedía investigar y juzgar a los culpables de crímenes cometidos durante los 12 años de la guerra civil. En aquel entonces, el fiscal general Douglas Meléndez advirtió que la institución a su cargo no se prestaría a situaciones irregulares, como venganzas, sino que actuaría dentro del marco de la ley. Sin embargo, al declarar inconstitucional la ley de amnistía, la Corte Suprema abrió las puertas a la investigación de crímenes de lesa humanidad examinados por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

El 16 de enero de 1992, el gobierno y la guerrilla suscribieron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de una guerra civil que dejó un saldo de 76.000 muertos y 12.000 desaparecidos.

Según la Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de hechos graves ocurridos de enero de 1980 a julio de 1991. Los testimonios atribuyen casi 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados a éstos y a los escuadrones de la muerte.