Si la dura postura del presidente Donald Trump contra la inmigración no autorizada ocasiona deportaciones a gran escala, entre quienes resulten afectados podría estar la economía estadounidense.

Ese es el punto de vista de muchos economistas, que consideran que Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder repentinamente una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que recogen frutas y vegetales, construyen casas, limpian mesas de restaurantes, trabajan en plantas de empaque de carne y asean habitaciones de hoteles.

Los inmigrantes que radican en Estados Unidos sin autorización legal representan aproximadamente 18% de la mano de obra en la agricultura, 13% en construcción y 10% en restaurantes, hoteles y casinos, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica.

"El impacto económico ocasionaría ramificaciones generalizadas", alertó Ben Gitis, director de política de mercado laboral para el Foro de Acción Estadounidense, un instituto conservador.

La noche del martes ante el Congreso, Trump prometió construir "un enorme, enorme muro" para impedir que mexicanos ingresen a Estados Unidos sin autorización legal. El presidente aseguró que mientras él hablaba, las autoridades estadounidenses deportaban a "los malos".

El duro discurso del mandatario sucede a las declaraciones que hizo al programa "60 Minutes" de la cadena CBS tras ser elegido en noviembre: Advirtió que su gobierno podría deportar entre dos y tres millones de inmigrantes que no tienen permiso para vivir en el país.

No obstante, sigue siendo difuso lo que Trump quiere hacer exactamente respecto a la inmigración no autorizada porque ha dicho cosas distintas en momentos diferentes. El martes antes de su discurso, por ejemplo, el presidente había dado señales de un potencial cambio durante una reunión privada con conductores de noticieros. Trump les dijo que estaba abierto a una legislación que otorgaría estatus legal a algunas personas que viven sin permiso en Estados Unidos y que crearía un camino a la ciudadanía a personas que hayan llegado al país de manera ilegal cuando eran niños.

Pero en su discurso por la noche, el presidente omitió tal perspectiva. En lugar de ello prometió enfocarse en quienes se encuentran ilegalmente en la nación y que "amenacen a nuestras comunidades" y "ataquen a ciudadanos inocentes".

Los economistas señalan que los inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de trabajadores.

Pero la generación de baby boomers se está jubilando; y una proporción inusualmente grande de hombres en edad productiva dejó de buscar empleo. Casi ocho años después de la Gran Recesión, la tasa de desempleo ha caído a 4,8%, cerca de lo que los economistas consideran el empleo pleno.

Conforme se pensionan los estadounidenses de mayor edad, los más jóvenes eligen cada vez más inscribirse en universidades en vez de empezar a trabajar inmediatamente después de egresar de la secundaria. Como resultado, los empleadores tienen más dificultades para cubrir empleos que con frecuencia son tomados por inmigrantes de estatus migratorio irregular.

Gitis revisó las cifras y llegó a una conclusión impactante: Supongamos, dijo, que Estados Unidos deporta o pierde de otra forma a los cerca de 6,8 millones de trabajadores sin autorización legal. Con empleo pleno, no habría suficientes estadounidenses o inmigrantes con permiso para ocupar todos esos puestos. Al menos cuatro millones quedarían vacantes.

No obstante, los críticos argumentan con frecuencia que los inmigrantes que reciben salarios bajos en Estados Unidos terminan debilitando el salario para todos los demás; y los economistas han debatido desde hace mucho tiempo esa posibilidad.

Un documento emitido el mes pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica estudió lo que ocurrió en 1964 cuando el gobierno frenó el suministro temporal de trabajadores agrícolas mexicanos que ingresaban a Estados Unidos. Se suponía que la medida de excluir a los mexicanos crearía empleos para los trabajadores agrícolas estadounidenses y elevaría sus salarios.

Pero los investigadores Ethan Lewis del Dartmouth College y Michael Clemens y Hannah Postel, del Centro para el Desarrollo Global, encontraron que la prohibición de entrada de trabajadores agrícolas mexicanos "fracasó en incrementar los salarios o en aumentar sustancialmente el empleo para trabajadores nacionales". En lugar de contratar a estadounidenses, las granjas utilizaron maquinaria para recolectar algodón, tomates y remolacha azucarera.

El economista Ryan Edwards, del Mills College, indicó que los empleadores estadounidenses probablemente reducirían el tamaño de sus negocios —en lugar de buscar en vano trabajadores legales— si pierden empleados indocumentados debido a deportaciones masivas.

Los recortes podrían ocasionar un fuerte gravamen económico. Edwards y Francesc Ortega, de la City University of New York, calculan que los trabajadores indocumentados representan 3% del producto interno bruto privado —la medida más amplia de la producción económica— o casi cinco billones de dólares en 10 años.

Las deportaciones masivas podrían representar también otros costos. Gitis calcula que el gobierno tendría que gastar de 400.000 a 600.000 millones de dólares para deportar a todos los trabajadores indocumentados y evitar una futura inmigración no autorizada.

En un estudio de 2013, la Administración del Seguro Social encontró que los trabajadores sin permiso laboral legal habían pagado 13.000 millones de dólares al Seguro Social en 2010 y habían recibido 1.000 millones de dólares en prestaciones. La Administración llegó a la conclusión que los ingresos por los inmigrantes ilegales habían tenido "un efecto positivo neto" sobre las finanzas del Seguro Social.

Así que las deportaciones masivas significan que "no sólo estaríamos perdiendo trabajadores", dijo Gitis. "Perderíamos consumidores, incluso contribuyentes".