Funcionarios de aeropuertos y abogados en todo el país se preparan para la nueva veda de ingresos del presidente Donald Trump, conscientes del caos que provocó su decreto inicial pero con la esperanza de que presente la nueva versión de manera más metódica.

El nuevo decreto está previsto para los próximos días. Un borrador sugiere que apuntará a seis de los siete países de mayoría musulmana mencionados en el decreto original, pero eximirá a los viajeros que ya tienen visa. El borrador en circulación ya no menciona Irak.

Desde el decreto del mes pasado, suspendido en su aplicación por las cortes, un sector de la zona de arribos internacionales en el Aeropuerto Internacional Dulles en las afueras de Washington se ha convertido de hecho en un bufete de abogados, lleno de voluntarios que esperan a los viajeros de los países afectados y les preguntan si han presenciado detenciones.

Se realizan campañas similares en otros aeropuertos, como Seattle-Tacoma, donde los funcionarios han elaborado planes para el control de manifestaciones después que miles de personas se introdujeron en la sala de entrega de equipajes para protestar contra el decreto original.

"El plan es prepararnos lo mejor posible", dijo Lindsay Nash, profesor de derecho inmigratorio en la Facultad de Derecho Cardozo de Nueva York que ayuda a preparar escritos de emergencia en defensa de posibles detenidos.

La medida inicial de Trump, fechada el 27 de enero, prohibía temporalmente el ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia y detenía la recepción de refugiados. El presidente dijo que se revisarían los procedimientos de admisión debido a los problemas de terrorismo en esos países.

Las protestas invadieron los aeropuertos, en el intento de liberar a viajeros detenidos por agentes de aduana en medio de la confusión acerca de quiénes podían entrar al país, incluso si se trataba de residentes poseedores de la tarjeta verde.

El decreto fue demandado en las cortes y un juez federal bloqueó su aplicación, fallo que fue ratificado por un panel de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito.

Muchos abogados y activistas defensores de los derechos civiles opinan que un nuevo decreto no remediará los problemas constitucionales del primero, en particular la denuncia de que fue motivado por la discriminación contra los musulmanes.