El Salvador: iglesias piden diálogo con las pandillas

No más enfrentamientos, no más muertes de policías y no más asesinatos contra jóvenes pandilleros salvadoreños.Éstas fueron las palabras del obispo Luterano Medardo Gómez, que preside la Iniciativa...

No más enfrentamientos, no más muertes de policías y no más asesinatos contra jóvenes pandilleros salvadoreños.

Éstas fueron las palabras del obispo Luterano Medardo Gómez, que preside la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ), y el viernes encabezó una propuesta para promover el dialogo con las maras o pandillas, a quienes las autoridades de seguridad pública responsabilizan por la mayoría de los homicidios que se cometen en el país.

Pero aunque esta organización de iglesias evangélicas, históricas y católicas busca que termine la violencia, también continúan las balaceras entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales que en las últimas horas dejaron un policía y un pandillero muerto.

Gómez y otros miembros de IPAZ, apoyados por casi un centenar de familiares de los pandilleros, llegaron hasta la Asamblea Legislativa para presentar una carta en la que piden a los diputados que no se prorroguen las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en las cárceles del país y por el contrario "se promueva el diálogo sincero" con las pandillas.

En marzo de 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 muertes al día. Para facilitar la tregua, las autoridades sacaron a los cabecillas del penal de máxima seguridad —conocida como Zacatraz— y los enviaron a otras cárceles donde tenían comunicación con sus estructuras en las calles.

Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retiraran una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos, y los asesinatos comenzaron a multiplicarse.

El gobierno endureció su posición contra estos grupos criminales luego de una matanza de 11 trabajadores en marzo de 2016 que se atribuye a las pandillas. En consecuencia, se decretó estado de emergencia en siete cárceles y se aislaron a los líderes de estos grupos criminales.

Días después, la Asamblea Legislativa aprobó la implementación de medidas extraordinarias y dio luz verde a las autoridades para someter a los criminales a aislamientos severos. También le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales y se aprobaron medidas severas para las empresas telefónicas que no acataran la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Gómez reveló que se ha reunido con cabecillas de la pandilla Barrio 18 Sureños, que han expresado su disposición de sentarse a dialogar con el gobierno, pero señaló que esta iniciativa no ha sido discutida con los líderes de la pandilla Barrio 18, Revolucionarios, ni con la Mara Salvatrucha MS 13.

Sin embargo, esta nueva propuesta podría estancarse. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, piensa que las pandillas son grupos criminales y deben ser combatidas, por lo que no hay que sentarse a negociar con ellos.

Casi un centenar de personas allegadas a éstas acompañaron al obispo luterano el viernes y aprovecharon para denunciar supuestos acosos de los cuerpos de seguridad. "Nos han criminalizado, nos acosan por ser familia", afirmó una mujer que en un principio se negó a identificarse y luego dijo llamarse María. Alegó tener miedo a represalias de los cuerpos de seguridad.

Durante la reunión de protesta, la policía capturó a unos diez jóvenes que, se presume, son pandilleros.

En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró que las pandillas y quienes las apoyan o financian son terroristas y dijo que no resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios.

Las pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.