El máximo tribunal de Guatemala anuló el lunes el nombramiento de Silvia Valdés como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, alegando anomalías en la designación.

En su resolución, de efecto inmediato, la Corte de Constitucionalidad también ordenó que Valdés continúe ejerciendo la presidencia de forma provisional hasta que se elija nuevo presidente y otorgó un plazo de dos días para que convoque a la nueva elección.

La decisión deriva de un amparo definitivo otorgado a la Fundación Myrna Mack. La fundación denunció que en la elección de Valdés había participado el magistrado Freedyn Waldemar Hernández, que no estaba legitimado para hacerlo al no ser titular de la Corte Suprema. La fundación argumentaba que eso había violado el debido proceso. Hernández votó a favor de Valdés.

Hernández sustituía a Douglas Charchal en el pleno de la Corte Suprema, integrado por 13 magistrados titulares. Charchal había renunciado al cargo en medio de acusaciones de tráfico de influencias.

Valdés llevaba 4 meses en el cargo desde su elección el 26 de septiembre de 2016, un mandato que debía ejercer durante un año.

Varios magistrados de la CSJ de la actual administración han sido acusados de diversos delitos de corrupción. Es el caso de Blanca Stalling, acusada de pedir a un juez de menor jerarquía que dejara en libertad condicional a su hijo, que está preso acusado de corrupción. Hay un proceso en marcha que solicita la retirada de la inmunidad de Stalling para que la fiscalía pueda investigarla por tráfico de influencias.

Fue Stalling quien propuso a Valdés como presidenta de la CSJ.