Las polémicas declaraciones de un alto funcionario sobre el número de desaparecidos y las acciones de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura (1876-1983) dejaron otra vez expuesto al gobierno de Mauricio Macri a duras críticas por su política de derechos humanos.

El director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, negó durante una entrevista televisiva la existencia de un plan sistemático de desaparición de disidentes durante el régimen y tampoco aceptó la cifra de 30.000 víctimas que denunciaron los organismos de derechos humanos al afirmar que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".

Si bien Gómez Centurión, un exmilitar, pidió luego disculpas por lo dicho, el gobierno recibió el lunes duras críticas de parte de familiares de los desaparecidos y sobrevivientes, algunos de los cuales denunciaron una intencionalidad política de negar lo sucedido. "Esta es la visión del gobierno", afirmó Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, en declaraciones radiales. "Si Gómez Centurión no representa al gobierno, que lo echen".

Por su parte, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió: "no volvamos a crear situaciones de ver qué se hace, disculparlo, entenderlo, se equivocó... Aquí no hay errores, aquí hay una política clara de querer borrar el tiempo".

Para el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, "lo que está haciendo este gobierno es querer demoler todo lo que es la memoria y la política de derechos humanos".

En un comunicado, la secretaría de Derechos Humanos indicó que las opiniones de Gómez Centurión "son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno".

Recordó que la justicia determinó que "el terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

Esta no es la primera tormenta que enfrenta el gobierno en relación a lo sucedido en la dictadura. En agosto de 2016, Macri declaró en una entrevista: "no tengo idea si fueron 9.000 o 30.000 (los desaparecidos). Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido".

Poco después, la secretaria de derechos humanos difundió una supuesta cifra oficial de víctimas 8.571, que también desencadenó una ola de repudio de parte de los organismos defensores de derechos humanos.

Un día antes de las declaraciones de Gómez Centurión, el gobierno había dado marcha atrás a un decreto por el cual fijaba como feriado móvil —puede cambiarse de día— el feriado correspondiente al 24 de marzo, declarado como día nacional de la memoria por la verdad y la justicia en coincidencia con la fecha del golpe de Estado de 1976. La amenaza de una marcha multitudinaria convocada por organismos de derechos humanos sumada a la decisión de alcaldes y gobernadores opositores de no acatar la resolución llevó al presidente a declararlo como feriado inamovible.

"Hay que tomarlo como otro desacierto lamentable del gobierno, como algo que no les importa, no les interesa y quieren permanentemente banalizar el espanto y el genocidio que ocurrió", manifestó Taty Almeida, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo.