Propugnó por una política de "de manos limpias y corazones ardientes", pero el presidente Rafael Correa no se ha salvado de los escándalos de corrupción de algunos funcionarios de su gobierno, atizados por las revelaciones de sobornos de una constructora brasileña que afecta a Ecuador y otros países de la región.

Son numerosos los llamados para que se haga una investigación rápida que identifique a las personas que recibieron sobornos de parte de la brasileña Odebrecht para hacerse de licitaciones públicas jugosas en la nación andina. Sin embargo, el tiempo se le termina a Correa y esta conflictiva situación quedará en manos del nuevo líder que surja de las próximas elecciones ecuatorianas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 19 de febrero.

Este escándalo de sobornos, así como otros en investigación por corrupción, se suman a los desafíos imperantes que tendrá que afrontar el sucesor de Correa en un país que ha ido en declive en cuanto a percepción de transparencia y que requiere de una reactivación económica que fomente el empleo.

El próximo gobierno "tiene irremediablemente que hacer un proceso de fiscalización profundo, serio, que no ha habido en los diez años de este gobierno", consideró el exministro de Economía, César Robalino, consultado por The Associated Press. "Tiene un reto y un desafío enorme; debe tener la voluntad política de formar un grupo especializado para encontrar a todos los responsables de la corrupción independientemente quien sea, sin importar el nivel jerárquico que tenga".

Los ecuatorianos se aprestan a escoger entre ocho candidatos: el oficialista Lenin Moreno, que lleva entre 28 y 35% de intención de voto según las encuestas; el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, con 22%; la también derechista Cynthia Viteri con 11% y el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, con 8%. Otros cuatro postulantes sólo representan el 3% o menos en las preferencias, de acuerdo con los sondeos.

Moreno ha ofrecido investigar, identificar a los responsables y luchar contra la corrupción sin aportar mayores detalles de las estrategias para conseguirlo, mientras que Lasso ha propuesto mayor transparencia y acceso a la información del sector público. Viteri propugna por una lucha dura, mano firme y sanciones para los corruptos. El resto de los candidatos sigue esa misma línea.

Correa, que debe entregar el poder al ganador de los comicios el 24 de mayo, defiende sus diez años en el poder y advierte que en lo que queda de gobierno no dudaría en castigar a los corruptos. "Si hay un corrupto, que lo nombren y seremos los primeros en sancionarlo. Jamás hemos permitido un corrupto en el país", señaló el presidente ecuatoriano recientemente. "Seguiremos investigando, no dejaremos en impunidad estos hechos, pero no permitiremos que se haga politiquería de algo tan sagrado como la lucha contra la corrupción".

Sin embargo, los críticos consideran que las investigaciones avanzan con lentitud en el país. El gobierno de Correa ha dicho que está a la espera que Estados Unidos envíe información de los presuntos responsables de haber recibido 33,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. En la última década, el gobierno ha contratado obras por alrededor de 1.600 millones de dólares con esa empresa, aunque se desconoce si en ese lapso hubo algún tipo de irregularidad.

El escándalo de Odebrecht no es el único que en materia de corrupción ha afectado la gestión de Correa. En agosto de 2016, surgieron denuncias de corrupción del exministro de Energía, Carlos Pareja, tres exgerentes de la empresa estatal Petroecuador y otros altos funcionarios del sector energético de los que se ha podido localizar en bancos del exterior dineros no justificados por 12 millones de dólares.

Poco después, un nuevo escándalo manchó al gobierno, cuando se reportó que un asesor del vicepresidente Jorge Glas, pedía sobornos por 200.000 dólares para garantizar la renovación de cientos de frecuencias de radio y televisión. Tales casos salieron a la luz pública por denuncias judiciales. Pareja se fugó en el exterior, al igual que otros presuntos responsables, mientras que al menos dos exgerentes de Petroecuador, están detenidos.

El analista y catedrático de la Universidad San Francisco, Farid Simon, destacó que tales escándalos son la evidencia de "la incompetencia absoluta de las entidades de control y vigilancia del Estado, en su tarea normal de prevenir, advertir, investigar y sancionar a quienes cometen actos de corrupción".

En su último informe, Transparencia Internacional señala que Ecuador ha retrocedido al puesto 120 y que sistemáticamente ha ido decreciendo su índice de transparencia desde 35 puntos en 2013 hasta 31 puntos en 2016.