Una junta federal de supervisión extendió el sábado el plazo para que Puerto Rico presente su plan de reajuste fiscal para enfrentar su millonaria deuda pública, lo que le da tiempo para negociar con los acreedores e impide temporalmente posibles litigios.

La decisión de la junta representa "una muestra de confianza al proceder de nuestra administración, evidenciando que estamos actuando de una manera correcta, transparente y responsable", dijo el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en un comunicado.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aprobó de forma unánime la extensión del plazo hasta el 28 de febrero, como lo había solicitado Rosselló la semana anterior en una carta.

El gobierno tenía hasta el 15 de enero pasado para entregar su plan fiscal y el 15 de febrero vencía la moratoria contra eventuales litigios por parte de los bonistas, pero Rosselló pidió la extensión de los plazos y mostró sus primeras acciones para reducir el gasto público.

La junta aprobó extender la moratoria contra litigios hasta el 1 de mayo.

Durante la cuarta reunión del organismo con representantes de la administración puertorriqueña, el titular de la misma, José Carrión destacó que el gobierno no podrá tomar préstamos a corto plazo para hacerse de liquidez.

Explicó que la extensión del plazo se debió a la intención manifiesta del gobierno para cumplir varias condiciones, como su compromiso de buscar alternativas para alcanzar el balance fiscal sin recurrir a nuevos préstamos, un protocolo de priorización de gastos y un mecanismo de colaboración con la junta y para el intercambio de información.

"La nueva administración comparte con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente" para establecer las reformas estructurales y encarar la prolongada recesión de la isla, detalló Carrión.

En su carta a la junta, Rosselló explicó que desde que asumió la gubernatura el 2 de enero, emprendió seis acciones que incluyen la reducción en 10% del gastos del gobierno durante 2017, la creación de un centro para supervisar el uso de fondos federales y la disminución en 5% de compra de bienes por parte de todas las agencias púbicas, entre otras.

La Cámara de Representantes local también aprobó la víspera una ley propuesta por Rosselló que le permite negociar voluntariamente con los bonistas y establece que el gobierno realice pagos parciales de la deuda a sus acreedores con base en lo que tenga disponible tras financiar los servicios esenciales.

Con la nueva ley la extensión de plazos por parte de la junta "Puerto Rico se encamina hacia su recuperación", insistió Rosselló.

De forma adicional, la junta ha solicitado un plan para ahorrar o generar ingresos por 4.500 millones de dólares anuales hasta 2019, mediante la reducción del gasto del gobierno y la disminución en la inversión en salud y educación superior.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera fue creada en 2016 por el Congreso estadounidense para monitorear y supervisar las medidas del gobierno de la isla para hacer frente a la crisis económica que la afecta desde hace una década, con un déficit fiscal de unos 70.000 millones de dólares.