El exdictador panameño Manuel Noriega tendrá que esperar un poco más para poder aprovechar el arresto domiciliario que le fue concedido. Por ahora, deberá volver a la cárcel.

Un juez de cumplimiento determinó que Noriega tenía que regresar la noche del viernes a una prisión cercana al Canal de Panamá al término de una audiencia de casi cuatro horas. Noriega debió cumplir con ésta después de que un tribunal superior fallara recientemente a favor de un arresto domiciliario temporal.

La decisión del tribunal permitiría que Noriega se prepare para una cirugía en que se le extirpará un tumor cerebral benigno el 15 de febrero. El juez también rechazó de momento la posibilidad de que el arresto domiciliario sea permanente, como piden los abogados del exgeneral.

Noriega, de 82 años, fue trasladado de la prisión a la audiencia el viernes por la tarde para que él y su abogado explicaran las razones del arresto domiciliario ante un juez y familiares de un grupo de militares fusilados tras una frustrada rebelión en 1989, por la cual el exdictador fue condenado. Por estos hechos, Noriega enfrentó dos juicios: uno por el fusilamiento del cabecilla de la revuelta, Moisés Giroldi, y otro por el de un grupo de militares durante un hecho conocido como la "Masacre de Albrook".

En ambos recibió condenas en ausencia.

El juez Roberto Sánchez explicó que Noriega no podría irse a casa aún porque quedó pendiente otra audiencia similar para el sábado, que tiene que ver con otro caso en que el Noriega fue condenado en ausencia: la decapitación del opositor Hugo Spadafora.

"En este momento va para el centro penitenciario", señaló el abogado Ezra Ángel, luego de que él mismo había creado confusión al decir inicialmente que su cliente iba para el domicilio de una de sus hijas.

En declaraciones inéditas durante la audiencia, Noriega —en silla de ruedas y con voz exaltada— rechazó su responsabilidad en la muerte de los militares. "Con mi corazón ante el nombre de Dios, no tuve nada que ver con las muertes de esas personas", señaló.

Noriega, quien asumió el control del país en 1983 en medio del régimen militar, fue expulsado del poder por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989.

Días después se entregó a las autoridades estadounidenses, que lo trasladaron a ese país para que enfrentara cargos por narcotráfico por los que fue condenado y pagó dos décadas de prisión antes de que se lo enviara a Francia en donde se lo condenó por lavado de dinero.

El gobierno francés lo extraditó en diciembre de 2011 a Panamá para que cumpliera sus condenas en el país centroamericano.