Los diputados guatemaltecos tienen en sus manos decidir si retiran o no la inmunidad a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia acusada de tráfico de influencias.

La Corte Suprema decidió el jueves, por unanimidad, que siga adelante el proceso de solicitud de retiro de la inmunidad que presentó la fiscalía. Ésta y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusan a la magistrada Blanca Stalling de intentar influir en un juez de menor jerarquía para que dejara en libertad a su hijo, el cual está preso por cargos de corrupción.

Ángel Pineda, vocero de la Corte Suprema, confirmó la decisión y dijo que el pleno enviará en los próximos días el expediente al Congreso para que sea el legislativo quien decida si quita o no la inmunidad a la magistrada. Por ley Stalling cuenta con inmunidad, lo que le impide a la fiscalía poder investigarla.

Carlos Ruano, juez del tribunal noveno de sentencia, denunció el 11 de enero que Stalling solicitó su presencia en su despacho "a efecto de hacer requerimientos" en un caso donde se juzga a 20 directivos, empresarios y particulares que habrían obtenido contratos de servicios de salud a cambio de comisiones y donde Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada, está acusado.

Según la Comisión, un órgano de las Naciones Unidas para desarticular aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, Molina Stalling era uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a la farmacéutica Pisa por servicios de diálisis. Según la fiscalía, unas 15 personas fallecieron debido a la mala calidad de esos tratamientos.

Tras la denuncia Ruano tuvo que salir del país, bajo el argumento de que debía proteger su seguridad.

La fiscalía ha dicho que posee un audio en el cual se escucha a Stalling pedirle al juez que conceda una medida sustitutiva de prisión a su hijo, garantizándole que él iba a enfrentar la justicia, y que acelere el proceso. Stalling ha negado los cargos y ha dicho que el juez tuvo miedo de actuar en el proceso y que ella solo estaba aconsejándolo.

En 2015 Stalling también resulto vinculada a otro proceso. Según una escucha telefónica de ese año, un prófugo, acusado de participar en una red que defraudó al Estado en varios millones de dólares, decía a otro hombre que la jueza ayudaría a la red a evitar que la justicia los alcanzara.

Ese caso, denominado "La Línea", sacudió a la clase política guatemalteca y alcanzó las más altas esferas del gobierno. El entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron que renunciar a sus cargos, acusados de corrupción. Ambos están en prisión a la espera de un juicio.