Argentina, un país con una larga tradición de "brazos abiertos" para los extranjeros, endurecerá su política migratoria en medio de un fuerte reclamo social para frenar una ola de inseguridad que se atribuye en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales.

"No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir", dijo el presidente Mauricio Macri el martes en la primera conferencia de prensa que ofreció en 2017. "Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió".

El gobierno impulsará en el Congreso una reforma de la ley de migración para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales. En la actualidad, la prohibición sólo aplica para quienes tengan una condena firme o con antecedentes por delitos sancionados con una pena mínima de tres años de prisión para la legislación argentina.

"Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países poder decirles: 'señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales, que cometió esta cantidad de delitos en su país, acá no es bienvenido'. Eso la Argentina no lo tuvo", aseveró el mandatario.

Al mismo tiempo, se buscará acelerar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados en Argentina. "No podemos tardar ocho años en que ese trámite se termine, es una locura", se quejó Macri. "Tenemos que tener herramientas que lo terminen en semanas, porque hace a nuestra seguridad, hace a que no nos pasen las cosas tan traumáticas y las tragedias que están sucediendo todos los días en la Argentina".

En el límite con la xenofobia, amplios sectores de la sociedad apuntan contra los extranjeros por la ola de robos violentos, muchas veces con un desenlace fatal para la víctima, que afectan a zonas de la capital y los suburbios de Buenos Aires. Expertos en seguridad, además, alertaron sobre las acciones cada vez más frecuente de bandas de narcotraficantes procedentes de distintos países de la región.

No obstante, de los 71.464 presos que conformaban la población carcelaria apenas el 6 % son extranjeros, según cifras oficiales de fines de 2015.