El penal La Esperanza es el más grande de El Salvador y el martes recibió a un expresidente salvadoreño por primera vez.

Por orden de un tribunal de justicia, el exmandatario Tony Saca (2004-2009), tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres empleados de la Presidencia de la República, fueron trasladados a esta prisión que también se conoce como Cárcel de Mariona.

Saca es el primer expresidente de la nación en ser enviado a un penal de mediana seguridad. Antes del martes, estaba en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil en la capital.

Según el jefe de comunicaciones de los tribunales de Justicia, Ulises Marinero, el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó el traslado de Saca y el resto de los imputados al penal La Esperanza el 13 de enero y se garantizó que en el penal había espacio para recibirlos.

La Esperanza se ubica en la periferia norte de la capital salvadoreña y tiene una sobrepoblación estimada de 300%, lo que provoca que los internos vivan en condiciones difíciles.

Saca, de 51 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016. Las autoridades sostienen que desvió al menos 246 millones de dólares y que de ese monto, unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.

Junto al expresidente están siendo procesados Elmer Charlaix, su secretario privado; César Funes, secretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Otros detenidos son Francisco Rodriguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma institución; y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia.

De ser encontrado culpable, el exmandatario podría ser condenado a un máximo de 32 años de prisión.

Saca también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La fiscalía lo acusa de incrementar su patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco, enfrenta una denuncia por no justificar el origen de más de 589.000 dólares.

El traslado de Saca a una cárcel de mediana seguridad era motivo de preocupación para sus familiares porque esta medida podría exponerlo a posibles agresiones por parte de reclusos y empeorar sus problemas de salud debido a las precarias condiciones en estos lugares.

En junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró que las condiciones de las abarrotadas cárceles del país son inconstitucionales, ya que "vulneran" el derecho a la integridad personal y a la salud de quienes cumplen penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento. A través de un comunicado de prensa de entonces, la Corte señaló que en promedio, 30 a 40 internos permanecen en un espacio que mide 10,12 metros cuadrados, lo que significa que cada interno dispone de un especio que oscila entre 0,34 centímetros cuadrados y 0,25 centímetros cuadrados.

El traslado del expresidente y sus funcionarios ocurre después de que se dejaran escuchar voces de protestas de diferentes sectores por el trato preferencial que reciben algunos procesados por diversos delitos. Según señalaban, algunos de sus privilegios era ser enviados a las instalaciones de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.

Saca es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliario, y Mauricio Funes (2009-2014), quien está asilado en Nicaragua.