El gobierno de Barack Obama trata de persuadir a la Corte Suprema para que mantenga vigente una ley que facilita las deportaciones de inmigrantes que han sido convictos de delitos.

Si la Corte Suprema le da la razón, el resultado podría ayudar al próximo gobierno de Donald Trump a cumplir su promesa de agilizar las deportaciones de inmigrantes que sean hallados culpables de crímenes.

Los magistrados el máximo tribunal escucharon argumentos el martes donde el gobierno apeló la decisión de un tribunal inferior que calificó la ley de anticonstitucional. El tema es definir lo que es "un crimen violento". Cuando un inmigrante comete un crimen violento, su deportación es agilizada.

Como el caso todavía está en la etapa de argumentos, no queda claro aún hacia donde se inclina el tribunal.

Fue un tribunal federal de apelaciones en San Francisco el que derogó la ley por considerarla muy vaga. El tribunal basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema del 2015 que desestimó una parte de otra ley que usaba lenguaje similar y que imponía sentencias más largas a criminales reincidentes.

Desde entonces, otros cuatro tribunales de apelación han fallado a favor de los inmigrantes, mientras uno ha fallado a favor del gobierno.

El caso actualmente debatido es el de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos legalmente en 1992 cuando tenía 13 años. Fue hallado culpable de robo dos veces en California, y el gobierno inició los trámites para su deportación en el 2010.

"Ya antes hemos visto este show, ya sabemos cómo termina", dijo Joshua Rosenkranz, el abogado de Dimaya, al exhortar a la corte a derogar la medida. Los jueces escucharon otros varios casos de criminales reincidentes antes de finalmente decidir a favor de anular la ley.

Pero el juez Stephen Breyer expresó dudas sobre cuál sería la decisión correcta. "Estoy indeciso sobre esto", le dijo el juez a Rosenkranz. Explicó que por un lado, entiende los razonamientos de Rosenkranz, pero por el otro, "me preocupan las implicaciones de esto".

El abogado del Departamento de Justicia Edwin Kneedler señaló que otras leyes para la deportación de personas acusadas de abuso sexual o doméstico podrían entonces quedar vulnerables, ya que se basan en un lenguaje similar. Kneedler dijo también que los tribunales no tienen tantas dificultades en tratar con deportaciones, como lo tienen con los criminales reincidentes. "Simplemente ya no existe el desorden que existía antes", expresó.

Se estima que la Corte Suprema llegará a una decisión en junio en el caso de Dimaya.