Un fiscal advirtió el martes sobre la posibilidad de fuga del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos bajo investigación por presunto lavado de activos.

El funcionario judicial Germán Juárez Atoche pidió a la justicia que modifique las reglas de conducta impuestas a Humala y su esposa al presentar los poderes plenos que el matrimonio otorgó a una familiar para firme sin limitación en cualquier gestión y viaje al exterior con los hijos menores de la ex pareja presidencial.

"Existe la alta posibilidad de que... el procesado Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia puedan abandonar el país", dijo Juárez en su alegato ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien tiene hasta el miércoles para resolver el pedido de la fiscalía.

Los poderes conferidos por Humala y su esposa a su familiar fueron suscritos el pasado 22 de noviembre.

Juárez dijo que con tales poderes "vienen allanando el camino para una posible salida al exterior. Tanto es así que ambos le han dado poder a la señora Rosa Heredia, prima de la señora Nadine Heredia, para que ante un supuesto de que cualquiera de los dos salgan juntos o separados esta señora pueda salir con los hijos al exterior".

El abogado de Humala, Julio César Espinoza, destacó que los poderes son documentos públicos y que "son actuaciones absolutamente legales".

La semana pasada Heredia, quien se desempeña como directora de la oficina de enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), obtuvo un permiso para salir del país con la condición de que regrese cada mes para presentarse ante la justicia.

El matrimonio es investigado desde 2015 por presuntos ingresos por miles de dólares no justificados que se habrían usado para las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el dinero habría sido enviado por el gobierno venezolano del entonces presidente Hugo Chávez entre 2005 y 2006 y por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2011. El lavado de activos se castiga en Perú con una pena que va entre ocho y 25 años de prisión.