La Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que miembros de las fuerzas armadas se llevaros a tres jóvenes y los abandonaron en una zona dominada por una pandilla diferente a la del lugar en la que se encontraban y nunca reaparecieron.

La Sala de lo Constitucional informó el lunes sobre una demanda de hábeas corpus en favor de Oscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y Jose Fernando Choto Choto, "por haberse establecido su desaparición, atribuida a militares" que prestaron servicio en el Destacamento Número 6 de la fuerza armada de El Salvador en el departamento de Sonsonate, al occidente del país.

De acuerdo al comunicado de prensa, seis militares llegaron hasta la comunidad donde los jóvenes se encontraban reunidos frente a una de las casas. Los soldados les pidieron sus documentos de identificación para verificar si contaban con antecedentes penales, luego ordenaron a dos jóvenes que se retiraran en diferentes direcciones y aunque éstos regresaron al lugar para esperar a sus otros amigos, éstos nunca reaparecieron.

Se cree que los jóvenes fueron trasladados a una zona controlada por pandillas contrarias a la del lugar donde estos vivían, lo que los puso en peligro de muerte. El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2014, a 39 kilómetros al oeste de la capital.

La Sala señaló que existen precedentes jurisprudenciales en los que se ha determinado la sectorización de territorios por parte de las pandillas o maras. Es una realidad que no se puede ignorar y hay zonas específicas en las que ciertas personas no pueden circular bajo riesgo de sufrir atentados.

En su resolución, la Sala determinó que la desaparición forzada se encuentra establecida y por ende existe una vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal de los ahora favorecidos. "Fueron intervenidos, trasladados y privados de libertad por agentes estatales que les colocaron en un estado completo de indefensión al portar armas en las manos y ordenarles la realización de actos en contra de su voluntad".

Además se afirma que ha existido una falta de información o negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar el paradero de las personas desaparecidas, pues en el presente caso existe una negativa oficial de asumir la responsabilidad del hecho amparándose en que fueron puestos en libertad, lo cual no se ha establecido.

La Sala solicitó al ministro de la Defensa Nacional y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que realicen una nueva investigación, una verificación de sus registros y cualquier otro medio lícito para que proporcionen información en relación a la desaparición forzada de los tres jóvenes.