A un año de la detención preventiva de la controvertida activista social Milagro Sala, organismos de defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, juristas y dirigentes políticos denunciaron que su caso representa un deterioro del Estado de derecho en Argentina y exigieron su inmediata libertad.

"Hoy, un año después de su primera detención, la privación de la libertad de Milagro Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia", denunció Amnistía Internacional en un comunicado.

Sala, líder del movimiento social Tupac Amaru, fue arrestada el pasado 16 de enero de 2016 por incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en su natal provincia de Jujuy, situada a 1.654 kilómetros al norte de Buenos Aires. La activista sumó luego nuevos cargos en su contra a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación.

La justicia jujeña denegó el pedido de libertad de Sala porque eso podría poner en riesgo la investigación en su contra por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y amenazas tras una denuncia del gobierno provincial por el manejo irregular de los fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales, a cargo de la Tupac Amaru.

Sala, quien ha negado los cargos y se considera una presa política, se convirtió en el primer dolor de cabeza para la política exterior del gobierno de Mauricio Macri en su primer año de gestión. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria cuestionó en octubre la detención preventiva de la activista y pidió su liberación inmediata, reclamo al que luego se sumaron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Hay un grave deterioro del Estado de derecho en nuestro país, que está repercutiendo en el ámbito internacional. El papelón que estamos haciendo no sólo compromete al gobierno nacional sino a todos los argentinos", dijo Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante una rueda de prensa convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala.

Titular honoraria de ese comité y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó por su parte que "se cumple un año de la detención ilegal, ilícita, arbitraria, no sé qué palabras más agregar".

Sala, elegida diputada del Parlamento del Mercosur a fines de 2015, fue abierta simpatizante del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). La exmandataria afirmó que "hoy se cumple un año de la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, presa política", en un mensaje publicado en Facebook y que acompañó con un video de artistas y activistas sociales que reclaman por la libertad de la militante.

En tanto, organizaciones políticas y sindicales llevaban adelante protestas en Buenos Aires y Jujuy en reclamo por la libertad de Sala.

El comité de la ONU y los otros organismos internacionales no cuestionaron los cargos contra la activista pero sí la prisión preventiva, que consideran debe aplicarse en casos muy excepcionales y debidamente justificados.

Pese al reclamo internacional, el gobierno de Macri ha dicho que no puede intervenir en el caso y que corresponde a la justicia de Jujuy resolver sobre la situación de Sala. No obstante, ha cursado una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Jujuy para que analice el caso Sala in situ.