La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el sábado una controvertida reforma laboral exigida por la junta federal de control fiscal que supervisa las finanzas de la isla como parte de los esfuerzos por mejorar su economía.

La propuesta, que ahora será turnada al Senado, reduce el bono navideño, las vacaciones y los días de ausencia por enfermedad de que gozan los trabajadores. También permite flexibilidad de horarios, alarga el periodo de prueba de los trabajadores de tres meses a un año y reduce la paga de tiempo extra de doble a una vez y media.

Los sindicatos han censurado la medida porque merma los derechos de los trabajadores, pero los que la impulsan aseguran que esas prestaciones obstaculizan la creación de empleos y han contribuido a la pérdida de 300.000 puestos de trabajo en la última década en la isla.

El mes pasado, la junta federal de control fiscal le dijo a las autoridades del estado libre asociado que es necesaria la aplicación inmediata de la reforma laboral debido a la tasa de desempleo de 13% en Puerto Rico en comparación con la de 4,5% en Estados Unidos.

La medida atiende las preocupaciones de la junta al reducir el costo para hacer negocios en Puerto Rico y crear una economía más competitiva a fin de atraer nuevos capitales y permitir al sector privado la generación de empleos que son muy necesarios, afirmó el jueves el gobernador Ricardo Roselló —que asumió el puesto el 2 de enero— en una carta dirigida a esa instancia.

El Congreso de Estados Unidos creó la junta federal de supervisión para atender la crisis fiscal de Puerto Rico después de que el gobierno de la isla comenzara el año pasado a incurrir en impagos de la deuda, la cual asciende a casi 70.000 millones de dólares.