La fiscalía guatemalteca y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala pidieron retirar la inmunidad al magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, a quien acusan de haber recibido un lujoso apartamento como soborno para evaluar favorablemente a integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia.

Orellana se desempeña como magistrado presidente de una sala de apelaciones del ramo Civil y Mercantil y la fiscalía lo señaló por cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

La propiedad que presuntamente recibió está valuada en unos 335.000 dólares y al parecer le fue entregada por empresas vinculadas a Roberto López Villatoro, un abogado y empresario conocido por supuestos actos de tráfico de influencias.

La fiscalía confirmó que ha solicitado a un juez que prohíba a López Villatoro salir del país y así facilitar la investigación en su contra. Los detalles fueron revelados por Iván Velásquez, abogado colombiano y titular de la Comisión, en conferencia de prensa.

Según las primeras investigaciones, López Villatoro intentó adquirir el apartamento por medio de representantes que a su vez se hicieron del lugar sin pagárselo a sus dueños originales. Cuando éstos reclamaron y amenazaron con denunciar al empresario, abogados de López Villatoro les informaron que tenían influencias en las cortes. Casi un año después, al no poder recuperar la propiedad, los dueños aceptaron un pago de 122.000 dólares por el inmueble e hicieron la escritura a nombre de Orellana.

"Existen indicios razonables que evidencian cómo los bienes inmuebles referidos fueron entregados como dádiva o beneficio patrimonial al magistrado a cambio de promover los intereses López Villatoro en el proceso de las Comisiones de Postulación (del año 2014-2019) y favorecer la elección de ciertas personas allegadas a su persona", agregó Velásquez ante la prensa.

Las primeras pesquisas han determinado que Orellana revisó señalamientos en expedientes de los actuales magistrados titulares de la CSJ, Vitalina Orellana Orellana, Silvia Verónica García Molina y José Antonio Pineda Barales, así como el exmagistrado Douglas René Charchal Ramos (quien renunció al cargo acusado de corrupción), lo que ayudó a salvar esa etapa del proceso de selección y que culminó con su designación a la alta magistratura. Orellana también habría calificado el expediente de la actual presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés Quezada.

La misma CSJ deberá decidir si retira o no la inmunidad a Orellana.