Arzobispo de San Salvador preocupado por violencia

El máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña afirmó el domingo que la situación de la violencia que se vive en el país es crítica y expresó su apoyo a los esfuerzos que hace el gobierno para...

El máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña afirmó el domingo que la situación de la violencia que se vive en el país es crítica y expresó su apoyo a los esfuerzos que hace el gobierno para reprimir la delincuencia, pero rechazó que se entreguen armas a los civiles para que se defiendan de las pandillas.

"La violencia ha conseguido un nivel tan alto en nuestro país que es verdaderamente preocupante, quiera Dios que esto cese ya y que podamos de verdad vivir en paz", dijo en conferencia de prensa el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.

Al referirse a la decisión del gobierno de combatir las estructuras criminales de las pandillas, Escobar Alas dijo que "ha sido un paso positivo, sobre todo por el hecho que se han puesto de acuerdo todos los partidos (políticos) para aprobar dichas medidas, eso es positivo".

Luego de una matanza de 11 trabajadores que se le atribuye a las pandillas, el gobierno salvadoreño decretó estado de emergencia en siete cárceles y trasladaron hasta el penal de Quezalpeteque a los cabecillas de estos grupos criminales.

Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter aislamientos severos a estos criminales.

La Asamblea le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales y se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Pero el jerarca católico también expresó estar en desacuerdo con la propuesta de algunos políticos de armar a la población civil para que se defiendan de las pandillas y de la criminalidad.

"Estamos en una situación crítica, hasta desesperada, entonces en búsqueda de una salida fácil se puede pensar que eso podría acabar con el problema, (pero) me parece que no es así, que es al contrario, la paz se vería armas amenazada en cuanto más armas hayan diseminadas en manos de la sociedad", advirtió.

"Yo sinceramente creo que el problema (de la violencia) es que haya tantas armas en los civiles", agregó Escobar Alas, quien sostuvo que las armas deben de estar en manos de las autoridades.

El arzobispo manifestó que en lugar de estar pensando en dar armas a la población, el gobierno debería impulsar una campaña de desarme, "ojalá llegásemos a un desarme total de la sociedad, para mí es un sueño".

Escobar Alas también pidió al gobierno trabajar en programas de reinserción, "creando espacios donde todas las personas puedan trabajar y los jóvenes puedan estudiar".

Con las medidas aprobadas, las autoridades buscan desarmar la estructura de la extorsión que golpea fuertemente la economía de los salvadoreños y que aseguran es la fuente de financiamiento de las pandillas.

Más de 450 líderes panderos han sido confinados en celdas de aislamiento y están siendo trasladados a un penal de máxima seguridad donde permanecerán bajo un régimen especial y sin ningún tipo de comunicación con el exterior. Ni sus familiares podrán visitarlos.

Simultáneamente, las autoridades buscan golpear a las pandillas fuera de las cárceles hasta desarticularlas, buscando a los mandos de estos grupos que en los últimos meses han operado con más fuerza en las zonas rurales.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde confirmó que ya está listo el batallón de fuerzas especiales, conformado por 600 militares y 400 policías, que podría iniciar operaciones a partir de la próxima semana y que tendrá como misión específica buscar a los grupos criminales.

Pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades en El Salvador están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos. Más de 13.000 están presos y, según las autoridades, son los responsables de la mayoría de crímenes que se cometen en el país.