El Salvador: piden libertad de militares pedidos por España

Abogados y familiares de cuatro militares capturados por la policía salvadoreña por su vinculación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas pidieron el jueves a la Corte Suprema de Justicia que...

Abogados y familiares de cuatro militares capturados por la policía salvadoreña por su vinculación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas pidieron el jueves a la Corte Suprema de Justicia que ordene su libertad y que rechacen la petición de extradición a España donde son requeridos por la Audiencia Nacional Española para que respondan por la matanza ejecutada por los militares en noviembre de 1989.

Los abogados se presentaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema un una exhibición efectiva dado que cuatro de los 17 militares requeridos por la justicia española fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero y guardan prisión a espera que se defina si procede o no la extradición,.

El abogado Lisandro Quintanilla explicó a los periodistas que el 21 de enero presentaron a la Sala un habeas corpus en favor de los militares "para prevenir que fuesen capturados", y ahora presentaron una exhibición personal de carácter efectivo dado que cuatro de los 17 personas requeridas por España ya fueron capturadas".

"Lo que hoy estamos pidiendo es que la Sala de lo Constitucional ordene la libertad. El otro grupo (de militares prófugos) sigue a la espera de que la Sala se pronuncie dejando sin efecto las órdenes de captura que pesan sobre ellos", dijo Quintanilla.

Quintanilla criticó que la Sala "ni siquiera ha conocido", el primero de los recursos con el que pretendían parar las captura y ahora "estamos pidiendo una exhortación para que procedan de inmediato a conocer ambas solicitudes".

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

La Compañía de Jesús y la UCA ya han expresado su disposición de perdonar a los asesinos, pero insisten que hay que conocer también quienes fueron los que ordenaron la matanza.

"Tenemos que saber a quién perdonamos y de que los perdonamos, pedir verdad, justicia y reparación no es venganza", dijo el rector de la UCA, el padre jesuita Andreu Oliva.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza, fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.

La policía capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares. En su mayoría generales y coroneles, están prófugos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.