El Salvador: mandan a juicio a vinculados en corrupción

Un juzgado de El Salvador resolvió el martes que diez acusados en el caso de corrupción ligado al gobierno del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público, sean procesados por los del...

Un juzgado de El Salvador resolvió el martes que diez acusados en el caso de corrupción ligado al gobierno del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público, sean procesados por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Entre ellos figuran la ex prima dama de la República, Banda Pignato; el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, el ex presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez, así como a tres ex empleados de Casa Presidencial y el actual suegro del expresidente Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo.

Jorge Alfredo Rodríguez, que estaba entre los implicados, pidió un proceso abreviado, con lo cual aceptó su culpabilidad a cambio de recibir una pena menor.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el caso tiene que ver con una malversación de fondos públicos por alrededor de 351 millones de dólares durante el mandato de Funes (2009-2014).

Pignato fue declarada inocente en el cargo de simulación de delito, pero enfrentará el proceso por lavado de dinero, según el fallo judicial. La también abogada de 59 años se mantiene en arresto domiciliar desde el 28 de septiembre de 2019. La exprimiera dama de origen brasileño ha enfrentado una serie de problemas de salud originados por un cáncer desde 2015, según se ha reportado en la prensa local.

Ella fue juzgada en 2017 por enriquecimiento ilícito en la Cámara Segunda de lo Civil, pero fue exonerada de los cargos. En la misma resolución se condenó a Funes y a su hijo, Carlos Mauricio Funes Velasco, por el mismo delito y se inhabilitó al expresidente para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años.

Funes, de 63 años, su pareja Ada Mitchell Guzmán y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, se encuentran en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega les concedió asilo político en septiembre de 2016, mientras en El Salvador se desarrolla un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito.

El 30 de julio de 2019, Nicaragua otorgó la nacionalidad a Funes, quien alega ser víctima de persecución política en El Salvador. Es el tercer presidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos. Había llegado al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).