OEA exige a Nicaragua que restituya al organismo su oficina

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución que condena la entrada ilegal del gobierno de Nicaragua a las instalaciones de la OEA, además de la incautación de...

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución que condena la entrada ilegal del gobierno de Nicaragua a las instalaciones de la OEA, además de la incautación de los bienes de la organización en Managua, y exige que se restituya de forma inmediata el uso de los locales incautados.

Veintinueve países del Consejo Permanente de la OEA votaron a favor de la resolución, que también critica la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización e insiste en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén Nicaragua.

El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas fueron los únicos países que se abstuvieron de votar. Nicaragua y Bolivia estuvieron ausentes en la reunión.

El 24 de abril el gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de la OEA y cerró las oficinas de la organización en Managua. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado al organismo de ser un instrumento diabólico y de intervención y dominación de Estados Unidos.

Por otro lado, en noviembre, el gobierno sandinista anunció que abandonaba el organismo hemisférico pero ese proceso puede durar dos anos. La OEA ha dicho que, según las normas de la entidad, Nicaragua seguirá siendo miembro pleno hasta finales de 2023.

Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales a principios de noviembre en las que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Fueron criticadas internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

A finales de 2021, la OEA aprobó una resolución afirmando que Nicaragua no cumplía con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana o la serie de medidas establecidas para garantizar el orden democrático en la región. La resolución instaba al gobierno de Ortega a poner en libertad a todos los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para ayudar a llevar a cabo reformas electorales.